Los acusados del 'caso Gesvicán' también evitan la cárcel al pactar con el fiscal una multa económica

Según ha podido saber El Diario Montañés, los dos técnicos de Gesvicán, Eduardo Suengas y Joaquín Diez, han pactado con el fiscal y el Gobierno de Cantabria (acusación particular) el pago de una multa de 2.430 euros y dos años de suspensión para empleo o cargo público relacionado con baremar proyectos de contratación pública por un delito continuado de actividad prohibida a funcionario público. Por su parte, los hermanos Secundino Vidal y Elías Celis (Rucecan), con dos años y un mes y medio de cárcel pactada en el 'caso Obras Públicas, aceptan una multa de 1.620 euros, y Ricardo Fernández (Senor), de 1.350 euros, como cooperadores necesarios. Esto supone un cambio sustancial en el planteamiento inicial del Ministerio Público, puesto que hasta ahora todos ellos estaban acusados por cohecho y fraude en la contratación, lo que conlleva penas mayores.

En concepto de responsabilidad civil, todos ellos acuerdan el pago de forma conjunta y solidaria de 53.000 euros al Gobierno de Cantabria por las mordidas que se han podido acreditar. De su lado, la empresa pública Gesvicán, que también suscribe el acuerdo, responde en calidad de responsable civil subsidiario por las infracciones cometidas por sus empleados en el desempeño de sus cometidos profesionales.

Una vez que los cinco ya han firmado el acuerdo y han renunciado a la audiencia preliminar, el titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santander, Miguel Ángel Agüero, dictará auto de apertura de juicio oral y remitirá los autos a la Audiencia Provincial, encargada de validar el acuerdo y enjuiciar la causa. Al igual que en el 'caso Obras Públicas' se convocará una vista para que se ratifique el pacto.

En su relato de hechos, el fiscal Jesús Alaña señala que Eduardo Suengas y Joaquín Diez trabajaban como personal laboral en Gesvicán desde 2008 y 2018, respectivamente, con carácter indefinido. Dentro de las actividades de esta empresa pública, adscrita a la Consejería de Obras Públicas (ahora de Fomento), se encontraba la de redactar estudios de planificación y proyectos en carreteras autonómicas y la de prestar apoyo técnico en relación con los proyectos para la formalización de contratos administrativos de ejecución de obras.

Así, Gesvicán recibía encargos de la Dirección General de Obras Públicas para «revisar y evaluar» la documentación inicial presentada por los aspirantes. Dicha actividad, referida por tanto a valorar ofertas con formulas matemáticas y juicios de valor, no entrañaba en modo alguno capacidad decisoria, ya que al tratarse del ejercicio de una potestad administrativa correspondía en último término al funcionario competente de la Dirección General, que debía revisar las propuestas presentadas y que una vez adoptada su evaluación la defendía posteriormente en la mesa de contratación de cada contrato.

Según sostiene el fiscal, ambos empleados, que venían efectuando puntuaciones concretas conforme a baremos y establecían prelación de clasificados, «se concertaron con distintas sociedades que operaban habitualmente en el sector de obra pública para revisar o elaborar técnicas de las ofertas, solicitando a cambio precios (comisiones) con distintas cantidades económicas según su actuación y trabajando por tanto para ellos indebidamente, en cuanto que alteraban la libre concurrencia de partícipes en la contratación publica».

Por ello, para ejecutar su designio fijaron las siguientes tarifas: por elaboración de condiciones técnicas y calidad, 2.500 euros; si la técnica colocaba a la empresa licitadora en la primera posición del baremo, 2.000 euros, y si se le adjudicaba por dicha técnica definitivamente, otros 5.000 euros. «Estas cantidades eran reclamadas y satisfechas por las empresas interesadas en participar en los concursos públicos».

En el año 2019, por parte de la Dirección General de Carreteras se solicitó a Gesvicán la realización del análisis de las ofertas en los contratos de la mejora de trazado en la CA-152 de la Escrita-La Matanza; la mejora y acondicionamiento de plataforma en la carretera CA-271, en el tramo Castillo Pedroso-San Vicente de Toranzo, y la obra de mejora de trazado con incorporación de paseo peatonal en la CA-440 entre Loredo y Langre.

La valoración fue asignada a los dos técnicos acusados, que, aprovechando dicho encargo, se concertaron con Ricardo Fernández (Senor) y los hermanos Celis (Rucecan), para que, tras presentarse ambos en régimen de UTE (Unión Temporal de Empresas) a dichas licitaciones – y previo abono de las cantidades señaladas anteriormente al 50% entre ambas–, «pudieran obtener de forma más eficaz la concesión de dichos contratos, como así ocurrió efectivamente».

De todo lo anterior se colige, según el fiscal, que Eduardo Suengas, en su calidad de encargado de Gesvicán para la elaboración de proyectos y análisis de condiciones técnicas y de calidad, con el auxilio puntual en algunos trabajos del otro acusado, «se dedicó a preparar conjuntamente para las empresas los estudios técnicos de sus licitaciones, alterando de este modo la libre concurrencia entre competidores, quebrantando sus deberes inherentes al cargo de forma reiterada a cambio de un precio por la prestación de sus trabajos».

Aunque la Fiscalía no ha podido determinar una cantidad exacta del metálico percibido (las mordidas) por los empleados y satisfecho por las empresas durante todo el periplo entre 2018 y 2022, sí ha acreditado, cuando menos, 53.000 euros, «según se desprende de las anotaciones recogidas en los registros practicados».

Según apunta el fiscal, el perjuicio directo de la defraudación recae en las arcas del Gobierno de Cantabria, «ya que obviamente ha afectado a la cuantía de las ofertas por las que se adjudicaron los contratos y, probablemente, también haya sido trasladado a una ejecución minorada de la calidad de las obras públicas, ascendiendo lo acreditado a 53.000 euros».