Los afines a Diego formalizan el recurso contra la sentencia que validó el Congreso del PP cántabro

Imagen de archivo en la que se ve a Recio (izquierda) junto a Diego y Buruaga /Javier Cotera
Imagen de archivo en la que se ve a Recio (izquierda) junto a Diego y Buruaga / Javier Cotera

Los promotores del recurso son el diputado Santiago Recio y la teniente de alcalde de Valdáliga, Lorena García

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DM .Santander

El sector afín al expresidente del PP Ignacio Diego ha presentado este miércoles su recurso contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander, que desestimó las dos demandas de nulidad del XII Congreso del Partido Popular de Cantabria y avaló el cónclave en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta de los 'populares' tras vencer por cuatro votos al hasta entonces líder del PP.

El diputado regional Santiago Recio, que presentó una de esas dos demandas junto a la teniente de alcalde de Valdáliga, Lorena García, ya avanzó que iba a recurrir en una carta dirigida a la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Finalmente, este miércoles se ha formalizado el recurso.

La sentencia que ahora se recurre rechazaba los argumentos de los demandantes, avalaba la legalidad del abono de 500 cuotas de afiliados por medio de una cuenta a nombre de un militante de Laredo, y señalaba que el pago por terceros está permitido por la ley y la normativa interna del PP.

Recio ha indicado que el recurso presentado hoy se basa en las pruebas documentales y en los testimonios oídos en el juicio, al no estar de acuerdo con la interpretación que la juez hizo de ellas en la sentencia, y considera que «hay motivos suficientes para que se admita».

Ha explicado que el militante de Laredo que abrió la cuenta para el pago de las 500 cuotas de afiliados que no estaban al corriente declaró en el juicio que «ni había hecho el ingreso, ni había hecho los pagos», por lo que considera que se demostró que fue «una persona utilizada».

Además ha calificado esos pagos «masivos» de cuotas de afiliados para que pudiesen votar en el Congreso como «apaños» y ha rechazado que se trate de pagos a terceros, que sí contempla la ley. En este caso, según ha manifestado, «no es que una persona haya abonado una deuda de un tercero, sino que se ha usado una cuenta instrumental a nombre de un cuarto, para que un tercero a través de esa cuenta pague a otra persona la cuota, para que esté al corriente de pago».

Teniendo en cuenta estas pruebas y que en ese congreso la diferencia entre las dos candidaturas fue de cuatro votos, Santiago Recio entiende que «hay argumentos suficientes como para anular el Congreso».

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