Cantabria ha dejado sin invertir 418 millones de euros en obras durante la última década

Fondos que inicialmente se habían previsto para dotar de nuevos servicios a la ciudadanía, y que a la vez iban a generar una importante actividad económica (la que implica movilizar empresas constructoras, de materiales, transporte...), y que se dejaron sin tocar. Hasta 418 millones de euros que por distintos motivos no se destinaron a lo que se prometió inicialmente.

Un ejemplo paradigmático es 2020, el primer año de la pandemia, cuando a mitad de marzo toda España se paralizó durante semanas. Aquel ejercicio había 163 millones destinados a inversiones y se utilizaron finalmente solo 113 millones. El bipartito, como hicieron todas las autonomías, «reprogramó» sus cuentas y priorizó el gasto sanitario y social sobre el cemento. Porque en ese momento era la prioridad y también por un sentido práctico; aunque hubiera habido dinero, una parte importante no se habría podido gastar porque salvo los servicios esenciales, todos los trabajadores estaban encerrados en sus casas y colapsaron las líneas de suministros.

Lo que ocurrió ese año puede resultar razonable, pero lo sorprendente es que esta práctica -lo de presupuestar muy por encima de lo gastado en inversiones reales- se arrastra desde atrás y también se repitió en 2021, cuando las Cuentas ya se diseñaron sabiendo lo que era el covid. Según la estadística del Ministerio de Hacienda, elaborada con los datos que transmite Cantabria, de los 177,7 millones disponibles el 1 de enero, 43 se quedaron por el camino. Primero se pasó a alrededor de 140 por modificaciones de crédito. El dinero que se veía que iba a hacer falta para pagar nóminas -faltaban 47 millones que hubo que rebuscar entre los restos de todos los capítulos- porque no se había guardado suficiente, se quitó de las inversiones reales. Pero es que además, una vez realizado ese mordisco, tampoco se ejecutó todo lo que restaba, tan solo 124 millones.

No se ejecutó todo porque una decisión política hizo que se postergara para otra ocasión el proyecto, porque no hubo tiempo para realizar los trabajos previos que exige la normativa -la burocracia fue más lenta de lo esperado- o, en otras ocasiones, porque las obras pudieron quedar desiertas.

Hay ejemplos para todos los gustos. El puente de Requejada a Suances viene apareciendo en la Consejería de Obras Públicas en una partida en la que no solo hay dinero para la ejecución de los trabajos, también para la redacción de los trabajos. Aquí, la Consejería señala que se ha decidido postergar, entre otros motivos, por el alto coste y la posibilidad de analizar alternativas. La variante de Sarón, por ejemplo, ha salido en las Cuentas de 2020, 2021 y 2022 y parece que a final de este año arrancarán las máquinas. Otra casuística: también desde hace tres años hay una partida llamada 'Convenio para la integración ferroviaria en Torrelavega'. Un millón de euros que no se ha desembolsado porque el Ministerio, la parte que tiene que poner el grueso del dinero -es un acuerdo a tres, pero lo promueve ADIF-, aún no ha dado los pasos.

En el departamento que dirige José Luis Gochicoa destacan que sus porcentajes de ejecución «siempre han superado el 80 o incluso al 90%, nada que ver con los del Estado». «Ha habido años que por circunstancias imprevisibles como la pandemia ha habido que reajustar inversiones por solidaridad hacia ámbitos más necesitados», insiste el regionalista, que añade otro motivo: «En otros años han sido las propias bajas económicas de las adjudicaciones las que liberan dinero en momentos en los que ya no es posible gastarlo».

Además, en Obras Públicas recuerdan que también casi todas las consejerías tienen inversiones que no siempre se ejecutan. En Educación, por ejemplo, la obra del colegio público Marcial Solana estaba en el Presupuesto de 2021 con un importe de un millón de euros. No se ejecutó, pero sí está en ello en 2022, ahora ya con una inversión de 1,2 millones.

Las cifras de ejecución de las inversiones reales aún están lejos de alcanzar la de 2012, cuando se destinaron 164,4 millones, frente a los 124 del último año. Y hay que remontarse hasta 2013 para encontrar un nivel de ejecución que sí se aproximó a lo prometido cuando se diseñó el Presupuesto.

Desde la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria confían en recuperar los números del pasado y que los fondos europeos den un nuevo impulso a la estadística. Según este colectivo, ha sido la inversión acometida por el Gobierno central «el principal motor de la licitación pública en Cantabria durante el pasado ejercicio». Aunque en la comparación con 2019 también crece lo licitado por los ayuntamientos -un apreciable 59%-, los casi 217 millones destinados a obra pública por la Administración Central en Cantabria durante 2021 son más del doble de los que se licitaron en 2019. En cualquier caso, más que el grado de ejecución, lo que reclama la asociación profesional es que las inversiones «sean constantes, para tener un escenario de juego que sea más o menos conocido».