Derribos, una responsabilidad compartida en Cantabria

Desesperación, impotencia y rabia es lo que han venido sintiendo durante este larguísimo calvario, que muchos de los afectados no han llegado a ver resuelto –son 270 los miembros de AMA que han fallecido desde su constitución, hace ya veinte años–, pero se trata sobre todo de una trayectoria de lucha y perseverancia jalonada por algunos hitos, como el apoyo recabado del Defensor del Pueblo, su paso por el Parlamento Europeo en Bruselas y el convenio con el Gobierno de Cantabria que al menos les aseguraba una salida: regularización, indemnización o vivienda de sustitución.

De lo que menos se ha hablado es de culpables: salvo casos contados de alcaldes condenados a penas de inhabilitación que se antojan leves en relación al quebranto económico que provocaron, se da por asumido que la cuenta millonaria de los derribos la asume el ciudadano, con unas facturas que pagan las arcas regionales y otras que arruinan ayuntamientos.

Para AMA no existe un responsable único de todo su sufrimiento y reparte culpas entre quienes no han sabido ponerle fin: Gobierno, ayuntamientos, jueces y denunciantes. «¿Culpables? Yo creo que en la cúspide pondríamos a Miguel Ángel Revilla –afirma, rotundo, Vilela–, primero, porque tenía las competencias más importantes, como consejero de Urbanismo y presidente de la Comisión Regional de Urbanismo: son dos cargos muy importantes por donde pasaron el 99% de las sentencias de derribo y no se tuvo la vigilancia suficiente para darse cuenta o se miró para otra parte. Y luego tiene la culpabilidad de haber estado tantos años en el Gobierno y no haber solucionado el problema de los derribos, que seguimos con ellos».

Vilela continúa:«Debajo de Revilla irían todos los que estaban en esa Comisión Regional de Urbanismo, y luego están los alcaldes que son primogénitos, es decir, aquellos que estaban al frente de los ayuntamientos donde se dictaron sentencias de derribo. Ahí estaba Joaquín Fernández San Emeterio en Argoños, estaba Pacheco en Piélagos, estaba José Luis Rey en Arnuero... que dieron unas licencias y aprobaron estudios de detalle que luego dieron lugar a las sentencias de derribo porque no se ajustaban a la legalidad vigente, todo con el visto bueno de esa Comisión Regional de Urbanismo, que se lució».

El presidente de AMA también tiene reproches contra ARCA, la asociación ecologista que está detrás de las denuncias, e incluso contra la propia Justicia. «Creemos que el demandante, en este caso ARCA, en la mayoría de los casos se preocupó, y está muy bien, del medio ambiente, pero no se preocupó nunca de las consecuencias colaterales que tenía hacia los terceros de buena fe que habían comprado y que no tenían absolutamente nada que ver».

«Hay un culpable también muy grande y es la Justicia: en 2007 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) reconoce los daños morales que nos ha producido la Administración, que ya tiene narices que una Administración produzca daños morales a los afectados, y la condena a pagar 9.000 euros en caso de segunda vivienda y 12.000 en caso de primera vivienda como indemnización. Desde entonces, para la Justicia es como si fuéramos transparentes, como si no existiéramos; es como si hubiera un problema entre los que demandaban, ARCA, y por otra parte la Administración, el demandado. Pero nosotros no hemos podido ser ni parte en el inicio de los procesos. A nosotros se nos da parte en los procesos cuando ya tienen una sentencia de derribo, con lo cual las modificaciones que podemos aportar al proceso son tremendamente escasas y no podemos ni defender legítimamente nuestros derechos».

Y, después, Vilela cita a los sucesivos gobiernos regionales: «Han pasado muchos, y han tenido tiempo de solucionarlo. Hemos conocido mucha gente; consejeros, todos los que hemos querido: Mediavilla, Mazón, Javier Fernández, Rosa Eva Díaz Tezanos, Gochicoa... Y cuatro presidentes. Yo creo que ha pasado mucha gente como para que se hubiera encontrado una solución. Todos ellos tienen una parte de culpa: la verdad es que el origen de todo está donde está, pero luego hay una responsabilidad por permitir que esto se prolongara en el tiempo, que no haya habido celeridad en buscar soluciones. Esta semana nos reuníamos con el consejero de Fomento, Roberto Media, por la última sentencia del PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y nos decía que como esas viviendas no se pueden regularizar se van a aplicar los convenios y ya está. Si realmente cuando surgió este problema y se vio claramente que era un tema complicado se les da una solución a los afectados –la alternativa de una vivienda de sustitución o una indemnización–, no tendríamos que haber sufrido lo que se ha sufrido durante todo este tiempo».

Y, ¿qué es lo que dicen aquellos a quienes AMAseñala con el dedo? «La responsabilidad fundamental de lo ocurrido en los últimos años está en los ayuntamientos, especialmente en Argoños, Escalante, Arnuero y Piélagos, que aprobaron los planes generales que permitieron construir. Todos ellos estaban y están gobernados por alcaldes del PP», sostiene Miguel Ángel Revilla, el primer citado en esa relación.

«Como presidente de la Comisión Regional de Urbanismo, en mi etapa como consejero de Obras Públicas, las decisiones se adoptaron siempre de acuerdo con los informes de los técnicos competentes. No hubo ninguna decisión política», explica el líder del PRC y expresidente de Cantabria.

«Lo que sí hicimos desde el Gobierno fue crear un fondo de derribos para ayudar a los ayuntamientos a afrontar los pagos, porque las sentencias les obligan a ellos a pagar, porque fueron los que se beneficiaron de la concesión de licencias, algunas de ellas millonarias. También aportamos desde el Gobierno soluciones como las viviendas de sustitución de Arnuero, dejamos comprados los terrenos para las de Escalante e intentamos todas las modificaciones urbanísticas posibles para salvar el mayor número de viviendas. Si alguien quiere buscar responsables, que busque entre los que hicieron crecer Argoños, Arnuero, Escalante y Piélagos y gestionaron el dinero de las licencias», concluye Revilla.

De José Manuel Igual (PP), alcalde de Arnuero, hablan con respeto en AMA y en ARCA, afectados y denunciantes. «Yo nunca he renegado de la herencia, porque uno recibe lo bueno y lo malo», explica el regidor, que recibió el bastón de mando de la localidad cuando las palas entraban a demoler la estructura de las viviendas, aún sin finalizar, de la playa de La Arena. Se hacía cargo, con el puesto, del problema de 144 viviendas condenadas, de las que se derribaron esas 42. «Nosotros intentamos por todos los medios legalizar las otras 102, pero los jueces dijeron que no». Se habían levantado en el terreno que ocupaba un encinar que habrá que regenerar: «Entendí que la única salida era demoler».

«Yo he hablado, por supuesto, con ARCA; he hablado con los propietarios, con los vecinos y con los jueces durante muchos años, y por eso tengo el pelo blanco. Sobre todo hablé con los afectados, que son las verdaderas víctimas. Y me inventé lo de 'casa por casa': que no haya ningún vecino que se quede sin casa; que no se demuela si no tiene una nueva. Lo llevé al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y me aceptó la solución», recuerda Igual.

El 70% de los afectados aceptó la vivienda de sustitución y un 30% optó por la indemnización económica (a partir de una tasación realizada por un perito, con el visto bueno de las partes, y consultando los precios con las inmobiliarias de la zona). Las nuevas casas se terminarán en poco tiempo. «No están en primera línea de playa, pero es un buen sitio. Yo les digo que mi madre vive a 250 metros en línea recta de donde van a tener sus casas, una zona en el centro del pueblo, en Bocarrero. Y todo el mundo sigue viviendo en sus casas hasta que las otras estén hechas», destaca. «Los derribos son el gran problema de Arnuero, el problema que he tenido durante los 26 años que llevo de alcalde: estoy deseando acabar con él y poder trabajar, aunque sean cuatro años, sin esa espada de Damocles».

Igual se ha asegurado de que su sucesor no pase por lo mismo, al que deja un Plan General de Ordenación Urbana elaborado «por consenso de todos los grupos y refrendado por los tribunales». «Dentro de 200 años habrá un alcalde o alcaldesa y no cambiará el Plan; hará modificaciones puntuales, pero no lo va a cambiar».

Para él, todo es consecuencia de un «sistema perverso» en el que nadie está libre de culpa: «Lo que no se puede hacer es tener a las víctimas esperando treinta años».

Llega el turno de ARCA. ¿Unos ecologistas desalmados a quienes nada importa el sufrimiento de tantas familias? «La gente debería enfadarse con los responsables, y no somos nosotros. Es posible que con esas operaciones haya concejales que han hecho importantes patrimonios económicos, a costa de construir ilegalmente, pero nadie quiere dar la cara y terminan atacando a quien denuncia, y esto es perverso», dice Carlos García, secretario general de la asociación.

«Nosotros advertimos ya en los años 90 de la ilegalidad de lo que se estaba haciendo. ¿Cuál fue la reacción? De prepotencia y soberbia, cuando no de insulto. Sencillamente, somos unas personas que se han tomado en serio el Estado de derecho y que las leyes están para proteger a todos. Nuestros políticos, en el ámbito local y regional, están acostumbrados a actuar con métodos de caciquismo decimonónico, algo que afecta a los partidos más importantes, que autorizaron construir donde a sus conocidos, sus contactos o sus intereses electorales les convenía, al margen de la ley: 'Se construye donde digo yo, aunque sea ilegal, porque me da a mí la gana y yo soy la ley', esa es la mentalidad».

«Llevamos cuarenta años –continúa el responsable de ARCA– defendiendo el territorio, y buscamos cosas de sentido común, que se construya donde se puede, y donde no se puede, no. Eso no es ecologismo, es Estado de derecho y sentido común. Los tres grandes partidos siempre han inventado trucos, propuestas de ley para intentar salvar los derribos... Trampas que luego el Supremo les tumbaba, pero con las que podían ganar tiempo y pasárselo a otro Gobierno. Pues no, cumpla ley y se acabó el problema. Nos parece muy bien que se sea generoso con los propietarios, que les den viviendas incluso mejores que las que tenían. En Arnuero lo hemos conseguido porque el alcalde ofreció una salida partiendo de cumplir la ley».

«La culpa la tienen aquellos que otorgaron esas licencias ilegales», afirma por su parte Javier Fernández (PP), consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo en la legislatura 2011-2015, lo que no impidió que accediera a esa responsabilidad «con una sensación de enorme culpabilidad». «Yo lo asumí como una culpa de la Administración, y en aquel momento nosotros éramos la Administración».

¿Qué margen de actuación tiene el Gobierno? «El gran problema es que partimos de decisiones judiciales firmes que hay que cumplir», responde Fernández. «Nosotros lo que hicimos fue impulsar todo lo que pudimos el planeamiento y ver cuáles de los múltiples supuestos podrían ser objeto de legalización. Otra línea de trabajo era, dado que todas estas familias se encontraban con una situación de incertidumbre, resolver las reclamaciones de responsabilidad que tenían presentadas ante la Administración mediante convenios».

Las líneas maestras de los acuerdos alcanzados en Arnuero fueron la plantilla que se utilizó para dar esa seguridad a todos los demás propietarios. «¿Qué significaban esos acuerdos? Pues que quedaba abierta por un lado la vía de unas posibles legalizaciones, con las que ya quedaba resuelto el problema, pero cuando o bien no se podían legalizar, o bien los propios interesados ya se cansaban de esperar estos procesos de legalización, pues podían cobrar las correspondientes responsabilidades patrimoniales y se establecían mecanismos consensuados de cómo hacer esos cálculos. Todo eso se articulaba en esos convenios que firmaron la inmensa mayoría de los propietarios y que supusieron para ellos una gran tranquilidad, porque o bien se legalizaba su situación, o bien tenían ya un mecanismo relativamente rápido para cobrar las indemnizaciones», explica el exconsejero.

Fernández presume de mantener buena relación con los afectados por las sentencias de derribo después de «unos años muy intensos». «Siempre me reconocieron que jamás les mentí en nada, y se fueron cumpliendo las cosas que les dije. Es la satisfacción que nos queda, aunque me hubiera gustado más tener la satisfacción de haber resuelto las cosas, pero ni hubo tiempo ni es posible tampoco resolverlo todo».

Queda por analizar, por último, el papel de la Justicia, que expone Esther Castanedo, presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. ¿Podría haber actuado de otro modo? No parece posible. «Los propietarios reclaman su derecho a la vivienda, y tienen toda la legitimidad para reclamarlo, pero es que hay derechos fundamentales implicados. El único derecho fundamental afectado es el derecho a la tutela judicial efectiva, que es el cumplimiento de las sentencias que se dictaron en los años 90 y 2000. Luego hay intereses económicos, intereses ambientales, intereses urbanísticos, intereses de derecho a la vivienda..., pero todo eso no son derechos fundamentales. Nosotros, como jueces, el artículo 117 de la Constitución dice que tienes que ejecutar las sentencias, porque es parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24».