Las entidades sociales, sobre el retraso de las subvenciones: «La situación era muy tensa»
Decenas de asociaciones cántabras han visto peligrar sus programas de atención y su supervivencia por la demora del Icass en pagar 7 millones
«La situación era muy mala, muy tensa. Las resoluciones se hacían tarde, las exigencias estaban injustificadas... nuestra indefensión era total. A las entidades sociales ... se nos trataba como a una cuadrilla de vagos y maleantes». Así se refiere el presidente de EAPN, Jesús Castanedo, a la relación que mantenían con el departamento del Icass encargado de gestionar las subvenciones en Cantabria, y cuyo retraso en asignar los 7 millones de euros de este año ha puesto en peligro un dinero clave para la supervivencia de estas asociaciones. Hasta el punto de que, por primera vez, para asegurarse de que no se pierdan esos fondos, la dirección se ha visto obligada a quitarle las competencias a una funcionaria jefa de servicio, como adelantó El Diario Montañés.
«Estábamos preocupadísimos, esos retrasos de las subvenciones ponían en peligro la atención a las personas con discapacidad y la solvencia de las entidades», confirma la presidenta del Cermi, Elisa Irureta, quien considera que lo ideal es que esas ayudas se resuelvan durante el primer semestre. «Y estamos a 1 de diciembre y no se ha hecho».
Las primeras, y más importantes por cantidad, son las subvenciones que llegan de Madrid como asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Esa casilla que todos podemos marcar para la Iglesia o para fines sociales en nuestra declaración de la renta.
«Estábamos muy preocupados, estaba en peligro la atención a la discapacidad y la solvencia de muchas entidades»
Elisa Irureta
Presidenta de Cermi
«Nuestra indefensión era total. En ese departamento del Icass se nos trataba como a una cuadrilla de vagos y maleantes»
Jesús Castanedo
Presidente de EAPN
Por esta vía han llegado este año cerca de 6 millones de euros a las arcas del Icass. No ha sido hasta el pasado viernes, después de quitarle las competencias a la funcionaria, cuando Servicios Sociales ha podido publicar la resolución provisional de los programas aprobados de entre todos los presentados por las entidades. El año pasado, por ejemplo, se concedieron estas ayudas a medio centenar de entidades distintas, entre las que se encontraban AMAT (140.000 euros), Plena Inclusión (212.000), Fundación San Cándido (375.000 euros) y Cruz Roja (214.000), entre otras.
En segundo lugar se encuentran las ayudas entregadas directamente por la Consejería, que rondan los 600.000 euros en esta ocasión, y que se deben destinar a financiar programas ya finalizados. El anterior ejercicio se dieron a medio centenar de entidades distintas, como Ampros, Nueva Vida, Aspace, Cruz Roja, Amica o el Banco de Alimentos, entre muchas otras, con cantidades que oscilan entre los 20.000 y los 1.000 euros para cada una.
«El Icass ha tomado una decisión importante que nos da tranquilidad. Hay entidades pequeñas con problemas de liquidez y solvencia, y que no pueden organizar su actividad del año que viene porque no saben el dinero con el que van a contar», destacó Irureta desde Cermi, la plataforma que representa a ocho asociaciones, como ONCE, Aspace o Down Cantabria, que defiende los derechos de las personas con discapacidad en la comunidad.
«Es una irresponsabilidad lo sucedido. En los últimos cinco años se ha ido agravando, pero ahora se aprecia una nueva dinámica, el trato ha cambiado radicalmente», destacó Castanedo desde EAPN, una red independiente de entidades sin ánimo de lucro involucradas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Cantabria constituida en 2011. Según sus últimos datos, atienden cada año en la región a cerca de 100.000 personas y cuentan con casi 1.200 trabajadores en las 22 asociaciones que la integran, entre las que se encuentran Cáritas, AMAT, Cruz Roja, la Cocina Económica y Proyecto Hombre, entre otras.
La dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales no confirmó si plantean abrir un expediente o una sanción a la jefa de servicio que ha perdido sus competencias de gestión de subvenciones. Tampoco está claro si esta medida es temporal o el año que viene las ayudas seguirán en manos de la subdirectora de Protección Social. Lo que sí confirmaron desde el Icass es que a comienzos de 2026 se convocará una mesa con las entidades del tercer sector para revalorar las bases de las convocatorias, modificar lo que sea necesario para agilizar los trámites, eliminar las incoherencias detectadas en la redacción y que a partir de ahora «todo sea más claro».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
