El Gobierno avala el pacto del 'caso Gesvicán' pero reconoce que las penas «son menos de las que nos gustarían»

Aunque desde la Fiscalía no quisieron explicar ayer cómo se ha llegado a ese acuerdo y, sobre todo, por qué ha cambiado la calificación de los hechos (ha pasado de acusar de cohecho y fraude en la contratación a un delito continuado de actividad prohibida a funcionario público), desde el Gobierno de Cantabria (acusación particular) defendieron el pacto, al tiempo que reconocieron que «las penas son menos de las que nos gustaría para este tipo de delitos».

Al menos así lo trasladó a este periódico el director del Servicio Jurídico del Ejecutivo regional, Fernando de la Fuente, quien justificó que «con las pocas pruebas que teníamos no se ha podido hacer más». «Por lo menos hemos conseguido que devuelvan los 53.000 euros que hemos podido acreditar que se llevaron los dos técnicos indebidamente y les hemos separado del servicio para que no lo vuelvan a hacer. También hemos conseguido que reconozcan que han delinquido».

Según explicó De la Fuente, a diferencia del 'caso Obras Públicas, en el de Gesvicán «había varios indicios, pero no teníamos tantas pruebas como conversaciones telefónicas o papeles en los que apoyarnos. Al final sin pruebas es muy difícil conseguir condenas». Por eso, el Gobierno de Cantabria ha suscrito el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los cinco acusados, aunque el director del Servicio Jurídico apunta que «las negociaciones en este tipo de casos las impulsa el fiscal y los demás somos convidados de piedra». En este sentido, comenta que, más allá de las penas que finalmente acuerde la Fiscalía con los acusados, «lo que a nosotros nos interesa como administración pública es que se devuelva el dinero y que esta gente salga fuera de la función pública». Además, De la Fuente aclara que el Gobierno de Cantabria, como acusación particular, «no puede negociar con los acusados, eso lo hace el fiscal y nosotros nos fiamos de él».

En esta misma línea, el portavoz del PP en el Parlamento regional, Juan José Alonso, trasladó ayer que el acuerdo alcanzado «responde a criterios estrictamente jurídicos». «Los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, como hacen siempre, han defendido los intereses generales de los cántabros por encima de cualquier otra apreciación», aseveró.

Una conclusión con la que discrepan los grupos parlamentarios de la oposición, que se mostraron muy críticos con el acuerdo. Principalmente desde Vox, donde su portavoz Leticia Díaz aseguró que «una vez más, los cántabros asisten al triste espectáculo de comprobar que en esta tierra la corrupción acaba saliendo rentable. ¿Cuánto se habrán beneficiado para firmar acuerdos tan ventajosos?», cuestionó.

En declaraciones a este periódico, Díaz criticó que los procedimientos judiciales, «que deberían servir para restaurar la confianza en las instituciones», se transforman en «un mensaje devastador: que en Cantabria da igual gestionar mal o aprovecharse del dinero público, porque al final siempre hay un acuerdo, una reducción, o una salida discreta, que evita consecuencias reales».

Y es que, según resaltó, «aquí no hablamos de un asunto aislado, sino de un modelo corrupto que ha estado más de veinte años protegido por el silencio y la connivencia. Y ahora vemos que en este modelo la responsabilidad se diluye, los culpables se disculpan y los ciudadanos, como siempre, pagan la factura».

La portavoz de Vox volvió a exigir «transparencia total, auditorías independientes y depuración de responsabilidades políticas» —no solo judiciales— en todos los casos donde haya habido gestión irregular de fondos públicos. «Está en juego algo más que una sentencia de conformidad, cuando lo que queda en entredicho es la confianza de los cántabros en sus instituciones».

Desde el PSOE, su portavoz Mario Iglesias trasladó que «cuando hablamos del 'caso Gesvicán', hablamos de una parte del 'caso Obras Públicas' en el que llueve sobre mojado en el mayor caso de corrupción en la contratación pública de Cantabria». En su opinión, es el Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular, el que tiene que explicar «de forma transparente» por qué está dispuesto a alcanzar un acuerdo con los dos técnicos de Gesvicán con «multas tan irrisorias» y con la posibilidad de suspensión de empleo o cargo público «solo dos años» para la contratación pública. «Desde el PSOE lo que más nos sorprende es la actuación del Gobierno de Cantabria como acusación particular tan flexible con estos dos empleados públicos», aseveró.

Para el portavoz del PRC, Pedro Hernando, se ha creado una «polémica artificial» alrededor de los dos casos y «con un objetivo muy claro». «Es una vergüenza que al final se haya demostrado que el mayor escándalo no era nada. Y por supuesto se ha demostrado que ni el PRC ni ninguno de sus miembros ha tenido nada que ver con todo este asunto, pese a las cientos de páginas de medios de comunicación involucrándonos en ello». Aun así consideró que «es muy barato para los corruptos trabajar en Cantabria si te pillan obteniendo una rentabilidad».