El Gobierno gastará 6,7 millones en alquileres de edificios el año que viene
La cifra es similar a la de la pasada legislatura y no hay previsto ningún plan de ahorro a corto plazo
Los 500 empleados públicos, entre los del Estado y los del Gobierno regional, que actualmente ocupan el Edificio de Ministerios de la calle Vargas ... tendrán que desalojar sus despachos en febrero a causa de unas obras de reforma que durarán tres años. La mitad de ellos corresponden a la Consejería de Educación de Cantabria, que aún busca un lugar donde realojarse. Al ser tantos, la opción más realista a día de hoy es que se dispersen en tres lugares distintos, uno de ellos el edificio de Fraile y Blanco del Río de la Pila. En cualquier caso, estos alquileres nuevos deberán sumarse a la cartera de gasto de arrendamientos prevista por el Gobierno para el año que viene, que asciende a 6,7 millones de euros, una cifra que apenas ha cambiado durante la última legislatura, según el 'Anexo de Patrimonio' del documento de Presupuestos que se aprobará en el Parlamento el próximo 21 de diciembre.
El nuevo Gobierno del PP no tiene previsto ningún plan de ahorro de sedes a corto plazo. El último intento fue, precisamente, durante el mandato de Ignacio Diego, hace una década, pero al final se quedó en nada. A un mes de perder las elecciones en 2015, aquel Ejecutivo regional anunció en el Parlamento que había conseguido eliminar 40 alquileres y 32 sedes con un ahorro estimado de cinco millones de euros. La actual portavoz de Vox, Leticia Díaz, por entonces consejera de Presidencia, resaltó que se había pasado de 8 millones de gasto en junio de 2011 a 3,8 millones en 2015. Sin embargo, esas cifras no resultaron ser ciertas. Pocos meses después, el Portal de Transparencia del Gobierno publicó que el ahorro real se limitó a 374.000 euros.
Los casi siete millones que desembolsa anualmente el Ejecutivo se van, en su mayor parte, a las oficinas de las consejerías de Economía, Ganadería, Industria y Obras Públicas, además de las sedes de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en el Paseo Pereda y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) en General Dávila.
Este último es el más costoso de todos con 1,3 millones anuales. Promovido por el Gobierno de Cantabria y con un coste de construcción de 12 millones, el Edificio Dávila se terminó en marzo de 2013 para albergar, además de Icass, otros dos departamentos: el Servicio Cántabro de Empleo (SCE) e Informática. El inmueble dispone de una superficie total de 10.473 metros cuadrados y se trata de una concesión por 35 años, hasta diciembre del año 2045.
Alquileres más caros
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1.Edificio en General Dávila. Sede del Icass. 1,3 millones anuales.
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2.Edificio en Paseo Pereda. Sede la ACAT. 1 millón de euros anual.
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3.Edificio calle Alta. Sede de Obras Públicas. 930.169 euros.
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4.Sede de Ganadería e Industria en el Pctcan. 925.652 anuales.
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5.Edificio Macho. Sede de Economía. 732.828 euros anuales.
Dentro de esta macrooperación de ahorro que puso en marcha Ignacio Diego se encuadraba también el polémico alquiler del edificio de Apia XXI en el Parque Científico y Tecnológico (Pctcan), anunciado por 831.720 euros anuales, y hasta donde se desplazaron Industria y Ganadería. PRC y PSOE denunciaron que ese acuerdo se trataba de un favor personal al propietario de la citada empresa de ingeniería, Marcos Pantaleón, mientras que el PP sostuvo que, incluso aquí, logró ahorrar, ya que una cláusula permitida por el bipartito obligaba al Gobierno a recomprar la sede de Apia si la propietaria decidía abandonar el Pctcan, como sucedió en efecto. En la actualidad el coste de que Ganadería e Industria permanezcan allí asciende a 925.652 euros anuales, aunque si sumamos otros alquileres del Gobierno en el Parque la cifra asciende a los 1,2 millones.
La lista de los arrendamientos más costosos para las arcas públicas se completa con el edificio del Paseo Pereda donde tiene su sede la ACAT (1 millón anual), la calle Alta que acoge la Consejería de Obras Públicas (930.169 euros) y el Edificio Macho, donde están las oficinas de la Consejería de Economía (732.828 euros).
El 'Anexo de Patrimonio' del Presupuesto regional también permite comprobar de un vistazo las propiedades inmobiliarias del Gobierno cántabro. Algunas en uso y otras desaprovechadas desde hace años. De hecho, después de casi una década intentando desprenderse sin éxito de inmuebles en los que pierde decenas de miles de euros anuales entre mantenimiento e impuestos, la Consejería de Economía consiguió desprenderse en 2018 de dos de sus principales lastres inmobiliarios en un tiempo récord: la residencia La Pereda y la discoteca Aqua. En ambos casos muy por debajo de su valor. El caso de Aqua fue una venta directa por la que ingresó 221.000 euros -más un ahorro anual de mantenimiento de 65.000 euros-; mientras que La Pereda fue un alquiler con opción a compra tras siete intentos fallidos de venderla en subasta. Por la residencia consiguió una renta de 28.120 euros al mes y 6,6 millones si sus nuevos gestores deciden comprarla antes de 20 años.
Ya en 2019, el Gobierno cerró la venta de otra de las joyas inmobiliarias vacías y sin uso que le quedaban en cartera y que sólo aportaban a las arcas públicas gastos en mantenimiento, impuestos y seguridad: la finca de Quinta Labat, situada en una de las zonas más valiosas de Santander, la Avenida de los Infantes, cerca de los pinares de El Sardinero. La vendió al cuarto intento de subasta por 2,4 millones pese a estar valorada en más de ocho.
En la actualidad, el Hospital Valdecilla (106 millones) y el Palacio de Festivales con su parking (65,8 millones) son las propiedades con mayor valoración en el mercado del Gobierno.
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