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Los jubilados gallegos no complementan sus pensiones con el alquiler de pisos. Lo hacen con los montes. La madera se ha convertido en un tractor económico en Galicia. Sobre todo, para las familias. Allí, los propietarios privados son dueños de casi el 70% de la ... superficie forestal de la región. Y la venta de madera de eucalipto, pino o roble paga las bodas de los hijos, las hipotecas de las casas y las vacaciones. Algo similar, aunque no en la misma proporción, ocurre en Asturias y País Vasco. El negocio de la madera ha repuntado en toda la Cornisa en los últimos años excepto en Cantabria, un caso paradigmático debido a que la inmensa mayoría de sus montes son públicos, al contrario que en el resto de las comunidades. Hay que remontarse a las desamortizaciones de Mendizabal y Madoz (mediados del siglo XIX) para explicar por qué los suelos forestales acabaron en manos de los ayuntamientos y las juntas vecinales, y no en las de vecinos particulares.
El problema de esa mayoritaria propiedad pública es que la ausencia de repoblación, la falta de inversiones, la inexistencia de políticas para fortalecer a las empresas y las trabas administrativas han dejado malherido al sector, que ahora ve como las compañías madereras afincadas en Cantabria se marchan fuera para expandir el negocio.
El propio director de Montes del Ejecutivo autonómico, Ángel Serdio, coincide con las quejas manifestadas una y otra vez por la asociación de empresarios de la madera (Acemm). «Hemos sufrido años de una política forestal muy pasiva en Cantabria. Se ha paralizado todo. Desgraciadamente, a corto plazo no podemos solucionar nada, hay que pensar en el medio y en el largo plazo. Es una pena la dejadez que ha existido con el enorme potencial maderero y todo el terreno forestal que tiene Cantabria», se lamenta Serdio.
42 % del suelo forestal
en los montes cántabros no tiene árboles, no se ha repoblado en décadas
16 % de la madera
de los aserraderos cántabros se corta en la región, el resto se trae de fuera
12 años
dura el ciclo del eucalipto desde que se planta hasta que se corta: el del pino, 30 años
El sector de la madera supone el 2% del PIB de Cantabria. Hay que tener en cuenta que por cada euro cortado se producen, aproximadamente, 22 euros en la transformación. En total, estamos hablando de alrededor de 280 empresas, 1.300 trabajadores y 300 millones de euros de facturación anual. Pero deberían ser el doble. En Galicia llevan años alcanzado récords de ingresos con un volumen de negocio que ronda los 2.400 millones de euros y 18.000 puestos de trabajo. En Castilla y León han llegado a los 1.000 millones de facturación anual y en el País Vasco a los 750 millones.
La proyección mundial del sector es de crecimiento, pero Cantabria no va en el mismo sentido. Debería producir por encima del millón de metros cúbicos de madera, pero no llega ni a la mitad. «Lo que se puede hacer en el sector es abismal, pero hay que trabajar y saber gestionarlo», explica Itxaso Saiz, empresaria de Maderas José Saiz y presidenta de Acemm.
Proyectos en Cantabria Repsol y Volkswagen han querido replantar para quedarse con los derechos de carbono, pero el Gobierno lo desestimó
Legislación Cantabria no tiene Ley de Montes propia y se basa en una nacional de hace 20 años y en un Reglamento preconstitucional
Bolsa El 15% del dinero generado por una tala va a un fondo gestionado por el Gobierno que debe reinvertirse en ese monte
Uno de los principales obstáculos que tiene Cantabria para relanzar el negocio es la falta de árboles. Tan sólo el 16% de la madera que se transforma en los aserraderos de la región procede de sus bosques. Una cifra ridícula si se compara, por ejemplo, con el 70% de madera autóctona en las empresas vascas. Esto es debido a la ausencia de una política de repoblación en los montes de la comunidad durante el último medio siglo. El antiguo Icona hizo plantaciones masivas durante la dictadura franquista, pero desde entonces no se ha hecho ninguna más, excepto algunas acciones pequeñas en unos pocos terrenos privados.
«Las masas forestales han desaparecido. El 42% de nuestros montes no tienen árboles», denuncia Eloy Gutiérrez, director de Álvarez Forestal y vicepresidente de Acemm. Esto ha provocado que Cantabria tenga muchos menos árboles que Galicia, Asturias, Navarra y País Vasco; y también menos que Soria, Cuenca, Guadalajara, Castellón, Huelva o Córdoba. «Es inadmisible que seamos la comunidad autónoma de la llamada España verde con menor proporción de suelo arbolado con relación a su superficie», se lamenta Itxaso Saiz.
La desidia repobladora ha sido de tal magnitud que ni siquiera se han aceptado ofertas de grandes empresas, como Repsol, Volkswagen y Banco Santander, dispuestas a poner el dinero de la replantación y regalar la madera a cambio de los derechos de carbono producidos por esa masa forestal. Un negocio en auge en Europa en los últimos años.
La intención del Gobierno es recuperar, poco a poco, parte de la potencia forestal con inversiones públicas. No solo por la necesidad de madera en el sector, sino como herramienta contra los incendios, mucho más numerosos y agresivos en los terrenos baldíos que se han dejado sin repoblar durante los últimos años. Según adelanta Serdio, en los próximos meses se lanzará una línea de subvenciones de un millón de euros destinada a replantar montes en los ayuntamientos en riesgo de despoblación.
De hecho, las empresas del sector creen que la única válvula de escape, como elemento de riqueza, que le queda al mundo rural son sus montes. «Una vez que las posibilidades de producción lechera han llegado al límite, puede ser el momento de aprovechar mejor los recursos forestales de la región», opina Itxaso Saiz. El conflicto, en ese caso, es otro. En las comarcas interiores, el bosque entra en pugna con la ganadería extensiva. «Defendemos que hay espacio para todas las actividades y que muchas de ellas son complementarias», subraya esta empresaria. No en vano, los aserraderos siempre estuvieron en medio rural y cerca de donde estaba la madera porque la logística es clave para conservar el margen de beneficio. Pero ahora hay una deslocalización muy fuerte de estas instalaciones.
Sea solo en los municipios despoblados o también en el resto, la recuperación de las políticas de repoblación supone una buena noticia después de que «la inversión forestal pública lleve más de una década desaparecida en Cantabria», como denuncia Eloy Gutiérrez. La mala noticia es que los resultados no serán ni mucho menos inmediatos. El ciclo del eucalipto –presente en el 20% de los montes cántabros, sobre todo en la costa–, desde que se planta hasta que se corta, dura entre 12 y 15 años. En el caso de los pinos, que ocupan el 10% del suelo forestal de la región, es aún más tiempo, llega a los 30-40 años. Son las frondosas –robles, hayas, castaños...– las que ocupan la inmensa mayoría de los bosques de la comunidad, pero las limitaciones burocráticas de la región impiden su tala. Ante la falta de este tipo de madera autóctona, el sector se ve obligado a comprarla fuera para poder trabajar. «La madera de calidad no existe en Cantabria», se lamenta Saiz.
Otro de los inconvenientes del sector en la comunidad es la ausencia de una normativa adecuada. El plan forestal caducó hace más de una década, y Cantabria no dispone de una Ley de Montes propia como sí la tienen otras regiones. Se basa en una legislación nacional de hace 20 años y en un Reglamento preconstitucional de los años 60. Modernizar la normativa es indispensable para actualizar el formato de subastas de las talas, con muchas carencias actualmente, según denuncian los empresarios.
Ahora mismo existen dos tipos de subastas para quedarse con la explotación de un monte. La primera es 'a medición', es decir, cada vez que se carga un camión entero, se cuentan los árboles. Los eucaliptos, por ejemplo, se pagan a 35 euros por cada metro cúbico de madera. La otra alternativa es la subasta 'a riesgo y ventura'. Se hace una estimación de la madera a ojo y te otorgan la explotación sin saber cuánta hay realmente. En otras comunidades sí se aporta un plano de la zona, pero en Cantabria no. Además, son los empresarios los que deben ponerse en contacto con todas las administraciones involucradas para conseguir los permisos, mientras que en el resto de regiones esos trámites se hacen automáticamente.
Tras cada tala, el 15% del dinero generado se ingresa en una bolsa gestionada por el Gobierno cuyo destino obligatorio es el mantenimiento del monte. Ese dinero solo puede usarse para ese fin. Pero lleva inmovilizado durante años. Existen entre 7 y 8 millones de euros acumulados, según los cálculos de los empresarios, que apenas se han usado para mejorar pistas de montes para viandantes, no para el paso de camiones necesarios para las talas. Y tampoco, claro, para repoblar. «Antes esa bolsa estaba controlada por los técnicos de montes, ahora por los políticos», se quejan desde la asociación de empresarios de la madera, cansados también de esperar las ayudas para comprar maquinaria, sin convocar desde 2015. El Gobierno actual tiene pensado recuperarlas en dos lotes entre 2025 y 2027 con un montante total de un millón de euros.
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