Suspendido por tercera vez el juicio contra Diego Higuera y Pablo Sámano

Suspendido por tercera vez el juicio contra Diego Higuera y Pablo Sámano
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La magistrada ha decidido detener el procedimiento debido a la ausencia de documentación de Cantur durante la era del ex alto cargo regionalista, a quien la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa

Javier Gangoiti
JAVIER GANGOITISantander

Ya es la tercera vez. El juicio contra el exdirector de Cantur Diego Higuera y el exgerente del Consorcio de Museos y administrador de la empresa Conurca, Pablo Sámano, ha quedado suspendido de nuevo. El motivo: la ausencia de documentación sobre los proyectos señalados en la causa, y que probarían el supuesto fraccionamiento de contratos de la empresa pública para eludir la publicidad y favorecer a la empresa consultora. Un delito de prevaricación administrativa por el que la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación tanto para el ex alto cargo regionalista como para el que fuera administrador de Conurca, aunque acusa a Higuera como autor y a Sámano como cooperador necesario.

Los papeles no aparecen. Como han subrayado tanto la Fiscalía como la defensa de Sámano, Cantur no ha remitido estos expedientes de la era del exdirecto (2003-2011) porque no las localiza, y ha pedido que se solicite al Colegio de Ingenieros. Se trata de dos proyectos, con valor de unos 50.000 euros cada uno, relacionados con la innivación artificial de nieve y las balsas de Alto Campoo. Durante las cuestiones previas, la representante del ministerio público ha reprochado a la empresa pública por no colaborar lo suficiente en esta aportación, e incluso la ha acusado de «impedir» hasta este momento del procedimiento el acceso a esa documentación. La defensa de Pablo Sámano, Jesús Pellón, ha señalado el «sin sentido» así como la importancia de agotar todas las posibilidades para localizar los documentos en cuestión. Asimismo, ha asegurado que cuando acudió a Cantur para pedir dichos informes, contestó que no se encontraban en sus dependencias.

La empresa pública, por su parte, se ha reafirmado en esta ausencia y ha aceptado la petición para requerirla a la asociación profesional. Finalmente, y tras escuchar las cuestiones previas, la magistrada ha decidido la suspensión del procedimiento. La siguiente fase del proceso pasa por esperar la aparición de dichos documentos, en cuyo caso se dará traslado al perito judicial que ha hecho el informe obrante en la causa. Será éste, al igual que los peritos de las partes, el que amplíe o modifique sus conclusiones.

Tras el juicio, Álvaro Sánchez Pego, abogado defensor de Higuera y adherido a la petición de Fiscalía y defensa de Sámano para solicitar esta documentación, ha manifestado que el encargo servirá «para que se vea con claridad que esos proyectos existen y que toda la documentación es absolutamente correcta» y ha añadido: «Si se dice que hay irregularidades en el expediente, lo propio es que aporten la documentación». El origen de este juicio se remonta a la denuncia realizada por el Ministerio Público, después de recibir las conclusiones de la comisión de investigación impulsada por el PP a propósito de la gestión de Cantur y el Racing con el Gobierno de PRC y PSOE, en la pasada legislatura .

Juicio por malversación en marzo

Higuera, absuelto de la acusación de prevaricación en la construcción de la Casa de los Gorilas de Cabárceno junto al entonces consejero de Turismo y diputado regionalista, Javier López Marcano, tiene pendiente otro procedimiento en marzo, con jurado, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos.

Higuera está acusado de pagar gastos personales de todo tipo -comidas, hoteles, gasolina o revistas-por importe de más de 132.000 euros con dinero de la empresa pública, que también ejerce la acusación particular. La Fiscalía ha solicitado siete años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta, y la devolución del dinero a Cantur, mientras que la empresa pública -dependiente de la Consejería de Industria y Turismo, que dirige el PRC- rebaja su acusación a seis años de cárcel y 16 de inhabilitación tras contemplar la atenuante de dilaciones indebidas.