El turno de oficio quiere participar en la elaboración del decreto de asistencia gratuita
El colectivo de abogados, que se encuentra de huelga desde el 21 de noviembre, dice desconocer el contenido del borrador que se está redactando
El colectivo de abogados del turno de oficio de Cantabria, que se encuentra de huelga desde el pasado 21 de noviembre, ha solicitado este miércoles «formalmente y sin más dilación» su incorporación a la mesa de trabajo constituida para la redacción del nuevo decreto de asistencia gratuita «a fin de hacer valer nuestras reivindicaciones e incorporarlas al texto final».
En un comunicado remitido a El Diario Montañés, el colectivo se hace eco del anuncio que realizó este martes la Consejería de Justicia y el Colegio de la Abogacía de Cantabria respecto a la aprobación durante 2024 de un nuevo decreto regulador de la Asistencia Jurídica Gratuita. «Desconocemos el contenido de las conversaciones que se están manteniendo e ignoramos en su totalidad el contenido del borrador que, dicen, se está redactando, pero sin el concurso de los profesionales que prestan, de forma efectiva, el servicio de justicia gratuita».
Desde este colectivo, vienen observando «con seria preocupación» cómo se «reiteran los errores ya cometidos» con el Reglamento de Justicia Gratuita aprobado en 2023 y que pocos meses después, ahora, se revela «inútil» por ser redactado y negociado, nuevamente, «sin recoger las principales reivindicaciones del colectivo y sin nuestra presencia».
Según señalan, han solicitado en diversas ocasiones, tanto al Colegio de la Abogacía como a la Consejería de Justicia, reuniones para participar activamente en el proceso y evitar un nuevo reglamento que siga sin recoger las «dignas y justas reivindicaciones» planteadas por el colectivo y que, en este momento, tienen al turno de oficio en huelga en todos los partidos judiciales de Cantabria «con suspensión de multitud de procedimientos». «Entendemos, que la reuniones y grupos de trabajo anunciadas por la Consejería y Colegio, pero realizadas de espaldas al colectivo afectado, por muy bienintencionadas que sean, conducirán a un nuevo fracaso legislativo, como el que acabamos de vivir en 2023, con un reglamento que ha de ser sustituido por otro sin tener seis meses de vida», señalan.
Los abogados del turno de oficio dejan claro que no pueden, ni deben seguir siendo «ignorados» en un asunto que afecta a un servicio público fundamental para los ciudadanos de menos recursos y del que «formamos parte activa y esencial».
