Jueces y fiscales cifran en el 75% el seguimiento de la primera jornada de huelga

Los convocantes basan el dato de la huelga en los correos electrónicos que han recibido de los profesionales que han decidido informar a sus superiores, aunque la comunicación era voluntaria, en la cuenta habilitada por el comité de huelga. «Estamos muy satisfechos, creemos que es un éxito», indicó la presidenta de la APM, María Jesús del Barco.

Las asociaciones resaltaron que no se trata de una huelga política, pero la convocatoria responde al rechazo ante las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Jueces y fiscales consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «comprometen gravemente» la separación de poderes y «la autonomía del Ministerio Fiscal» e incrementan los riesgos de politización de la justicia.

También critican el proceso de regularización extraordinario de mil jueces sustitutos y que a los profesionales que entren por el 'cuarto turno' (sin oposición) se les asigne «ficticiamente» cinco años de antigüedad, lo que les permitirá llegar hasta la «cúpula judicial». Estas medidas, aseguran, perjudican a los opositores.

Las asociaciones judiciales han mantenido el paro pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado acordaron que la huelga no tiene sustento legal. De hecho, el CGPJ y la Fiscalía no ofrecieron ninguna estimación sobre el seguimiento y no han establecido servicios mínimos, que han sido fijados por los propios organizadores para garantizar las guardias, las actuaciones con detenido, las medidas cautelares urgentes, los levantamientos de cadáveres, los registros o los casos que afecten a personas vulnerables.

El Gobierno, mientras tanto, ha reclamado al CGPJ que tome medidas para restar el salario correspondiente a aquellos jueces y fiscales que participen en las protestas.

Jueces y fiscales rechazan las reformas planteadas por el Ministerio de Bolaños, entre ellas, que la Policía Judicial –por ejemplo, la UCO de la Guardia Civil que lleva a cabo las investigaciones en el 'caso Koldo', los de la esposa y el hermano del presidente Pedro Sánchez o el del fiscal general del Estado– pase a depender de la Fiscalía, lo que quitará la instrucción de las causas a los magistrados para traspasarla a los fiscales. «Una Fiscalía que pueda estar en algún momento dominada por el Gobierno, cualquiera que sea, no es una Fiscalía que convenga a ninguno de los ciudadanos», afirmó la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus.

Desde las asociaciones, lamentan que el Ministerio de Justicia no les haya llamado para tratar de llegar a un acuerdo que frenara la huelga. «Que el empleador no intente evitar un conflicto colectivo es algo que no me cabe en la cabeza», aseveró Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Como respuesta, el Gobierno mostró su «respeto» a la huelga, pero se mantuvo firme en el apoyo a la «reforma modernizadora» de la justicia, como llamó la portavoz, Pilar Alegría, a los cambios propiciados por el ministro Bolaños. Entre las medidas judiciales, Alegría destacó las becas para los estudiantes que aspiren a ser jueces o fiscales.

La de esta semana es la segunda huelga judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En la primera, en 2018, convocada cuando Dolores Delgado era ministra del ramo, los juristas reclamaban mejoras salariales, mayor independencia y más autonomía para el Ministerio Público. El 19 de noviembre de aquel año más de 4.200 profesionales de ambas carreras secundaron aquel paro total, con un seguimiento de casi el 61% en la judicatura y cerca del 39% en el Ministerio Público.