El fiscal investiga al pedáneo de Novales por un presunto delito de prevaricación

La Fiscalía de Cantabria investiga una denuncia interpuesta por el PRC contra el pedáneo de la Junta Vecinal de Novales, el popular Antonio Rodríguez Diego, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos y caudales públicos, que se habrían cometido desde 2011 hasta mayo de 2015.

Según informó este domingo en un comunicado la formación regionalista, Rodríguez Diego habría aceptado, sin justificación ni expediente alguno, pagos directos a su nombre por un valor total de 11.070 euros; habría recibido otros importes a través de una supuesta Comisión de Festejos, primero, y de la Asociación Nacelagua, después, por 33.600; y habría aprobado pagos a terce- ros, sin expedientes de contratación, por 30.656,7 más.

En su comunicado, los dos vocales regionalistas en la Junta Vecinal, Ignacio Javier Abril y Héctor Íñigo Gutiérrez, explican que presentaron la denuncia tras «constatar» que algunas actuaciones del pedáneo «pueden suponer la comisión de un delito», además, añaden ambos, de «una ilegalidad grosera».

Abril y Gutiérrez, que solo después de «peticiones reiteradas» pudieron consultar el libro de cuentas, dicen haber descubierto que desde el pasado año 2011 hasta la fecha, «han sido reiterados los pagos directos, sin justificación ni expediente, que Rodríguez Diego se ha hecho a sí mismo por valor de 11.070 euros». Así, afirman que el alcalde pedáneo habría cobrado, repartido en diferentes mensualidades, 3.000 euros en 2011, 2012 y 2013; 1.300 en 2014; y otros 770 euros hasta mayo de 2015 «por trabajos a costa de Novales, sin ser declarados, ni justificados ni autorizados por la Entidad en ninguna de sus reuniones».

A ello hay que sumar las cantidades que habría percibido como representante de la Comisión de Fiestas, «cuya existencia dicen los regionalistas no ha sido constatada por ninguno de los vecinos del pueblo», en los años 2011, 2012 y 2013, y como presidente y tesorero de la Asociación Nacealgua, en el año 2014, cantidades que en su conjunto alcanzan los 33.600 euros.

Pagos sin expedientes

Además de todos estos asientos, el libro de cuentas refleja que se habrían realizado «pagos irregulares sin expediente de contratación», lo que infringe la Ley de Contratos del Sector Público.

Según señalan Abril y Gutiérrez, en el año 2012 se habrían efectuado pagos por valor de 25.582 por alquiler de diferente maquinaria, por la contratación de un abogado y por el arreglo de maquinaria; mientras que en 2013 aparece el pago de 1.574,7 euros por consumo de gasolina y de 3.500 euros por arreglo de maquinaria.

Otro asunto que los regionalistas han denunciado es la contratación irregular de trabajadores en 2012. Una práctica que, según consta en la denuncia que han llevado al fiscal, «ya se utilizaba en periodos anteriores», indicándose que se habría producido pagos en B a varias personas. En total, 3.589 euros a cuatro personas, entre los que destacan los 208 euros que habría cobrado el vocal del PP en esta Junta Vecinal, José Francisco Sánchez Quintan, por lo que «incumplió la ley de incompatibilidades de la Administración Local».

Los representantes regionalistas advierten de que el «modus operandi» de Rodríguez Diego «continúa», muestran su preocupación porque «en el libro de cuentas no consta la existencia de ningún asiento económico desde mayo de 2015 hasta ahora» y confían en que la Fiscalía «investigue para esclarecer los hechos y, así, se puedan conocer los libros de actas y de cuentas y los contratos y facturas que justifiquen los gastos e ingresos».