Los problemas medioambientales de Miengo se conocían, al menos, desde 2016

Zona de la playa de Usil, en Mogro, por la que discurre el vertido. :: /Antonio 'Sane'
Zona de la playa de Usil, en Mogro, por la que discurre el vertido. :: / Antonio 'Sane'

La oposición critica la pasividad del alcalde, al que acusan de tratar de «eludir su responsablidad» ante lo que pueda suceder ahora en las playas

Elena Tresgallo
ELENA TRESGALLO

Aunque el alcalde de Miengo, el socialista Jesús Jara, afirmó esta semana que «no» había vertidos de aguas fecales en la playa de Usil, en Mogro, lo cierto es que él mismo envió una misiva en mayo a la Dirección General de Medio Ambiente para alertar de la necesidad de «una actuación urgente» con objeto de evitar «los daños medioambientales potencialmente previsibles en próximas fechas», tras el fallo generalizado del bombeo de aguas residuales en al menos cuatro puntos del municipio, entre ellos Usil o Cuchía. A la par, el receptor de la alerta, el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, también salía a la palestra esta semana para asegurar que las aguas estaban «aptas para el baño», en este y otros municipios de la región, aludiendo a que el caso de esta semana en Miengo era sólo «un incidente».

No obstante, según la documentación a la que ha podido acceder este periódico, ambos tenían más alcance de la problemática, de lo que reconocían públicamente. Prueba de ello es que el regidor mantiene además un recurso contencioso-administrativo contra esta dirección general porque la considera responsable del mal funcionamiento de los colectores y bombeos de aguas residuales en el municipio, dado que el Ayuntamiento entiende que es el Gobierno quien tiene que poner a punto las mismas. No obstante, desde Medio Ambiente se retrasa la firma del convenio para asumir esta responsabilidad, en tanto en cuanto el Consistorio no entregue el bombeo en buen estado.

Entre tanto, la empresa que realiza el mantenimiento de estas instalaciones, Inimawater, lleva avisando al Ayuntamiento, al menos desde el año 2016, de que es «imprescindible» la sustitución de las bombas «para evitar los vertidos al medio ambiente con los consiguientes daños al mismo», tras eludir cualquier responsabilidad.

El PRC afirma que se prolongó un contrato de mantenimiento cuando se sabía que las bombas no funcionaban

De hecho, el último escrito de Inimawater -remitido al Consistorio el pasado 11 de mayo- es mucho más contundente, y traslada al alcalde que la «única bomba operativa es el bombeo número 7 de la Viña Cuchía». A la par, respecto al resto de bombeos aludían a vertidos producidos en la bomba de Cuchía, explicando que el impacto era «mucho mayor» en el bombeo «número 4 de la playa de Usil».

3.000 euros al mes

Pese a ello, el partido regionalista en el municipio denunciaba esta semana que el regidor había adoptado, hasta ahora, de forma unilateral, todas las decisiones respecto a este asunto y que, a pesar de conocer sobradamente el mal estado del bombeo «desde 2016» decidió prolongar un contrato de mantenimiento con esta empresa «con un coste de más de 3.000 euros mensuales», denunció el portavoz regionalista en el municipio, José Manuel Cabrero.

Esta misma semana-el día que el grupo municipal de Equo denunció el vertido en la playa de Usil- el Ayuntamiento aprobaba con los votos de este partido y los dos concejales del equipo de gobierno, además de la abstención del PRC y el PP, un modificado de casi 170.000 euros para arreglar las bombas. Un coste que, según declaró a este periódico el pasado lunes, el primer teniente de alcalde del municipio, Manuel González, repercutirán al Ejecutivo al considerar que «son ellos los que se tienen que hacer cargo».

Sin embargo, los regionalistas explicaron que esta medida se tomaba sólo porque el alcalde, Jesús Jara, pretendía «escudarse» en la Corporación para «eludir» su responsabilidad ante una mala gestión «por posibles problemas medioambientales», ya que Jara ha sido quien «unilateralmente» adoptó «todas» las decisiones que han tenido que ver con los pozos de bombeo porque «no se ha hecho mantenimiento alguno», a pesar de los «3.000 euros mensuales que cobra la empresa», recordó.

Por su parte, Equo -que sí aprobó la inversión municipal al considerar la urgencia en hacer la actuación para evitar los vertidos fecales- explicó que los escritos municipales dejan claro que el alcalde conocía la gravedad del problema, tras reconocer en los mismos que el bombeo no funcionaba. No obstante, añadió que «la preocupación y prioridad de Equo» al aprobar la inversión siempre ha sido «la salubridad pública y medioambiental», tras alertar de que hay otros arenales, además del de Usíl, con el mismo problema. Además, explicaron que «no entienden» cómo es posible que, hasta ahora, no se haya hecho nada si, según informes antiguos de la empresa concesionaria del mantenimiento, arreglar cada bomba poco a poco «hubiera costado 17.000 euros cada una», afirmó.

 

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