El PSOE de Liendo presenta denuncia en la Fiscalía para que investigue las irregularidades contables
Los socialistas buscan conocer «quién está detrás» y si alguno de los ediles del PRC está implicado antes de negociar una posible moción de censura
El terremoto político local que provocó el informe del interventor municipal del Ayuntamiento de Liendo, en el que ponía de manifiesto la existencia de multitud de «irregularidades» en la gestión económica y un «caos» contable generalizado en el Consistorio, escaló ayer a un nuevo nivel después de que el PSOE presentara una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria. Lo hace con la intención de conocer si los comportamientos detectados por el funcionario, que van desde el fraccionamiento de contratos, hasta el pago de compras personales con la tarjeta de crédito municipal y el pago de facturas por duplicado, son constitutivos de delito. Pero también para que sea la Justicia la que investigue y determine «quién está detrás» de estos hechos. Para saber, más allá de las responsabilidades políticas que atribuyen al alcalde, el popular Juan Alberto Rozas, quiénes se han beneficiado económicamente.
«Lo que nos empuja a venir aquí no es solo ese desastre económico, no solo es la falta de gestión, no solo es la falta de participación, también la falta de transparencia», señaló ayer el secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, que acudió al complejo de Las Salesas acompañado de los tres concejales socialistas de Liendo, Diego Trueba, Susana Fernández y Norberto Revuelta.
Según explicaron, los intentos de acceder a la información sensible sobre estas irregularidades han sido frenadas por el equipo de Gobierno PP-PRC, que ha dirigido el Ayuntamiento desde las pasadas elecciones hasta esta semana, cuando los dos ediles regionalistas decidieron dar el portazo hablando directamente de «malversación económica».
Entre las preguntas que quedan pendientes está la que tiene que ver con los más de 50.000 euros que se pagaron, al margen de cualquier procedimiento legal, en concepto de adelantos de sueldo a trabajadores y cargos políticos del Consistorio. Lo que quieren saber los socialistas es si alguno de los dos concejales regionalistas –Javier Villanueva, teniente de alcalde desde esta semana y regidor gracias a un acuerdo con el PP la pasada legislatura, y Ana Cagigal– están entre los beneficiados. Esa es una de las condiciones indispensables antes de entrar a negociar una posible moción de censura que, en caso de que se produzca, el PSOE avisa que no será inminente. «Si hemos acudido aquí es porque, efectivamente, no tenemos la capacidad para saber si están implicados o no, porque nos faltan esos datos que hemos intentado pedir durante muchísimo tiempo y siempre se nos han ocultado», añadió Molleda, que ayer ejerció de portavoz.
Y en cualquier caso, el PSOE de Liendo quiso dejar claro que los regionalistas tienen una responsabilidad como parte del gobierno local de Liendo y que la liberación por la que uno de los ediles cobraba 33.000 euros también incluya la obligación de controlar que no se cometen ilegalidades a su alrededor. Es decir, que si Rozas –afirman de él que «no vale con ser buena persona» para saber llevar un Ayuntamiento y creen que su responsabilidad no es por acción, sino por omisión– se niega a dimitir como piden los socialistas y llega la moción de censura, antes tienen que aclararse todos esos aspectos, aunque haya que esperar «días, semanas o meses».
«No tenemos ninguna prisa en gobernar Liendo. Somos un partido serio y responsable. Primero tenemos que conocer la verdad de los hechos para saber con quién sí se puede hablar», subrayó el secretario de Organización socialista, que sí confirma que ha habido conversaciones con el PRC, pero a nivel autonómico, no a nivel municipal.
El alcalde apunta al PRC
Sobre Rozas, los socialistas consideran que su responsabilidad no es tanto por acción, sino por omisión. Ayer, el alcalde señaló que se va a encargar «personalmente» de que se restituya el perjuicio presuntamente causado a los vecinos y que está estudiando acciones legales para esclarecer lo ocurrido. Lo más curioso es que señaló a Villanueva, ya que estas irregularidades comenzaron en julio de 2022, cuando el regionalista era alcalde: «Me sorprende que ahora los regionalistas se lleven las manos a la cabeza porque la gestión deficiente comenzó bajo el mandato del PRC y con la anterior secretaria».
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