El PSOE de Alfoz de LLoredo pide un pleno extraordinario para valorar las sentencias sobre Plan General
Pedirán a la intervención municipal que valore las posibles responsabilidades patrimoniales
El PSOE de Alfoz de Lloredo ha solicitado la convocatoria de un pleno de carácter extraordinario para analizar las consecuencias legales y económicas de las últimas sentencias del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que anulan dos disposiciones transitorias contenidas en el documento.
La sentencia ha sido dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que estima varios recursos contra el PGOU y anula las disposiciones transitorias que permitían ejecutar las licencias anteriores a la entrada en vigor del documento cuando fueran incompatibles con este.
En un comunicado, el portavoz socialista en el municipio, Fernando Rodríguez, ha denunciado este martes las «mentiras» del alcalde, Enrique Bretones (Agrupación de Electores Independientes de Alfoz), sobre las sentencias y de unas disposiciones que «pretendían eludir el pago por el Ayuntamiento de las cuantiosas indemnizaciones a que puede dar lugar el nuevo PGOU».
Ha anunciado que los socialistas pedirán a la intervención municipal que valore las posibles responsabilidades patrimoniales derivadas de estas disposiciones que conllevan la anulación parcial del Plan General.
Rodríguez ha denunciado que Bretones «usurpa de manera sistemática» las funciones propias del pleno, ya que sigue personando al Ayuntamiento en causas judiciales «sin la autorización del pleno y sin rendirle cuentas después».
Según el portavoz del PSOE, «en ningún momento» ha existido un plan de viabilidad económico-financiero para aprobar este PGOU, tal y como reflejan las sentencias.
«Bretones ha jugado al Monopoly con los terrenos y fincas de vecinos y promotores, sin embargo, parece que a algunos familiares y concejales de su partido les tocó la lotería con la aprobación de este plan general», ha expresado.
Según ha desvelado, su grupo tiene constancia de que varios afectados por este cambio de planeamiento tienen voluntad de plantear reclamaciones patrimoniales tan pronto como la sentencia alcance firmeza, «por considerarse víctimas de sucesivas irregularidades administrativas que imputan al Ayuntamiento».
A su juicio, esta sentencia obligará al Ayuntamiento a indemnizar convenios, impuestos de construcciones y obras, tasas y lucros cesantes a todos los propietarios de licencias concedidas anteriormente al año 2015, tal y como recogen las antiguas normas subsidiarias.
«Lo que se avecina va a ser mucho peor. Hay numerosos expedientes de responsabilidad patrimonial de empresas y particulares por millones de euros que han sido desestimados basándose en informes del Consejo de Estado con el argumento de que dichas licencias seguirán en vigor», ha afirmado Rodríguez.
