Los hosteleros de Santoña, en contra de la nueva y «restrictiva» ordenanza de terrazas

El presidente de la Asociación de Empresarios de Santoña, (Asemsan), Jorge González, pone voz al malestar extendido entre todo el sector, que considera una «falta de respecto» que los dirigentes locales hayan modificado la ordenanza «sin haber mantenido ninguna reunión con los hosteleros, que somos los principales implicados». Y no será, dice, por «las innumerables veces que hemos solicitado citarnos con el equipo de gobierno y los técnicos, pero han hecho siempre caso omiso a nuestras peticiones». Todo el proceso, denuncia, «lo han llevado en secreto». El documento, de hecho, se lo remitieron al sector después de haber sido aprobado.

Dispuestos a defender cada metro de sus terrazas, Asemsan, que aglutina a más de medio centenar de bares de la villa - «aunque prácticamente todos están de acuerdo» - ha contratado a un abogado especializado que ha redactado las alegaciones y las ha registrado en el Juzgado de Santoña. Una muestra más de sus firmes intenciones.

El nuevo reglamento ignora una de las principales reivindicaciones del sector, que viene reclamando desde hace tres años. La hostelería santoñesa quiere instalar en las terrazas unas estructuras cubiertas «tipo cenador o pérgola, siempre respetando el entorno, con el fin de poder trabajar en épocas de frío y lluvia». Estas estructuras, explica González, se pueden ver en otros municipios de la región como Torrelavega, Castro Urdiales o Laredo y en otras ciudades de España. «Queremos colocarlas también en Santoña respetando una estética y uniformidad».

La ordenanza, sin embargo, autoriza «simplemente la colocación de un toldo a un agua o dos aguas y cortavientos hasta una altura de 1,80 metros con el único soporte de dos puntos fijos en el suelo». Algo que consideran insuficiente y, sobre todo, «muy peligroso» porque, «en cuanto sople un poco de viento, al tener solo dos apoyos, tendremos que cerrarlos para que no lo arranque del suelo». El no poder disponer de estas estructuras, lamenta González, supondrá una «terrible restricción» a la actividad del sector en invierno. «Además, se nos prohibe taxativamente solapar estructuras móviles para cubrir los huecos que queden».

Otro de los puntos de la ordenanza que más controversia ha generado es la limitación de terrazas en calzada, que se restringe a un máximo de seis metros lineales, sea cual sea la longitud de la fachada del establecimiento. «Si alguien, por ejemplo, tiene nueve metros de fachada, no puede utilizarla». Para el hostelero Rafael Cimiano, miembro de la junta directiva de Asemsan, este apartado es «intolerable porque a los establecimientos afectados les supondrá un perjuicio económico del 50% en la facturación». Cimiano es uno de los perjudicados. Tendrá que pasar de tener seis mesas a sólo tres en su bar. «Nos hacen una faena importante, nos quieren limitar a la mitad».

A esta situación, el sector suma que en Santoña se paga una de las tasas más altas por metro cuadrado de ocupación de vía pública. «En Laredo se cobra 1,52 euros por metro cuadrado, en Noja, 1,56; en Castro Urdiales, 1,80; y en Santander, con varias zonas, la más cara se paga a 3,05 euros». Cifras alejadas de los precios fijados en Santoña, de 3,46 euros para una terraza anual y de 4 euros si es de temporada. «Es un expolio brutal», censuran.

Para el abono de las tasas reivindican el pago anual en el mes de septiembre, «cuando no hay ningún otro tributo municipal y es después del verano que hemos tenido la facturación más alta». Y es que reprochan que el Ayuntamiento les ha mandado el pasado 28 de junio la notificación para abonar el primer semestre dándoles de plazo «hasta el 1 de julio». Es decir, sólo tres días.

Además, lamentan que en esa notificación el Consistorio ya aplica la nueva ordenanza cuando no se ha aprobado aún de manera definitiva ni se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. Igualmente, critican que estos días la Policía Local se está acercando a los establecimientos para instarles a cumplir con el nuevo reglamento. «No pueden aplicar una ordenanza que no está en vigor, lo que están haciendo es ilegal. Nos sentimos ninguneados y señalados como delincuentes».

Los hosteleros, que alertan de que esta normativa provocará pérdidas de empleo, instan al Ayuntamiento a que les llame para mantener una reunión, dialogar y llegar «a un acuerdo de mínimos que nos permita poder trabajar después de un invierno muy malo». «La pelota está ahora en su tejado», zanjan.