El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
La colocación de estos dispositivos se alargará hasta la segunda semana de diciembre y el Pleno aprobará este jueves la ordenanza reguladora
Aunque la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander se ha hecho de rogar –en un primer momento fue obligatoria ... para 2023 y después se retrasó a 2026–, ya se están dando los pasos más importantes para ser una realidad. El Ayuntamiento ya está instalando –lo hace la concesionaria Eysa– las 22 cámaras que vigilarán el acceso de vehículos contaminantes a la zona restringida, que será la que se sitúa dentro del perímetro que conforman las calles Lealtad, Rualasal, Guevara, Santa Lucía, Sol, Casimiro Saiz, Paseo Pereda y Calvo Sotelo. La colocación de estos dispositivos se alargará hasta la segunda semana de diciembre.
La colocación de las cámaras que controlarán los accesos a la ZBE está ahora en la fase de instalación de los cuadros y soportes que sostendrán estos dispositivos de vigilancia. Para ello, se están construyendo unos soportes de hormigón, con cableado en su interior, en el perímetro del área restringida.
El Ayuntamiento, que en la Comisión de Desarrollo Sostenible celebrada ayer desestimó todas las alegaciones, aprobará definitivamente la ordenanza reguladora de la ZBE en el Pleno de este jueves con el objetivo de que entre en vigor el 31 de diciembre, justo a tiempo para cumplir la ley que obliga a que esté operativa antes del 1 de enero de 2026. En la comisión, solo el equipo de gobierno (PP) votó a favor de la nueva ordenanza; mientras que el PSOE y el PRC se abstuvieron y Vox e IU votaron en contra –por causas contrarias; los primeros no quieren ninguna restricción y, los segundos, creen que el área que se ha delimitado se queda corta–. Así, como explica el concejal de IU, Keruin Martínez, «no podemos apoyar un proyecto que llega tarde y mal, que básicamente es un fraude para cubrir expediente y se aleja de los objetivos que debe perseguir una ZBE. Además, va a generar más problemas por no contar con medidas alternativas que deberían estar funcionando, como los aparcamientos disuasorios, carriles bicis funcionales y la rearticulación del transporte público».
Alegaciones desestimadas
Las alegaciones rechazadas por el equipo de gobierno pertenecían a diferentes entidades: Empark, Federación Cántabra del Taxi, Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche, Arca, Ecologistas enAcción, Cantabria ConBici, Verdes Equo y una vecina a título personal.
Lo que pedía Empark era rebajar la cantidad de papeleo que deben presentar los vehículos extranjeros que quieran acceder al aparcamiento de Pombo –de los que son concesionarios–, ya que consideran que puede generar rechazo; en cuanto a la Federación del Taxi, pedían que los taxis contaminantes que presten servicios de emergencias y esenciales puedan acceder y que no se permita el acceso de VTC por no tener licencia municipal; la Asociación de Vecinos de Pombo-Cañadío-Ensanche, Arca, Ecologistas en Acción, Cantabria ConBici, Verdes Equo y la vecina particular presentaron el mismo documento de alegaciones, en el que señalaban que la ordenanza tiene falta de motivación, falla en requisitos como contar con un Plan de Movilidad Urbana, sufre ausencia de datos, marca una delimitación «ineficaz» y ausencia de zonas sensibles.
El documento de la ordenanza reguladora de la ZBE se aprobó inicialmente en octubre de este año y, tras el periodo de alegaciones –ya resueltas y desestimadas– se aprobará definitivamente en el Pleno de este mes, que se celebrará este jueves. Así, toda la tramitación quedará resuelta para que la nueva normativa esté en marcha antes de que termine –por los pelos– el año.
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