La justicia da 10 días a la Generalitat para vacunar a policías y guardias civiles

La justicia ha fallado a favor de los sindicatos policiales y ha dado 10 días a la Generalitat para que vacune por la covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que trabajan en Cataluña. Días atrás, el Gobierno denunció en el Senado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que operan en la comunidad catalana no han sido vacunados contra la covid, a diferencia de los Mossos y las policías locales.

A partir de una denuncia presentada por el sindicato del CNP Jupol y de la asociación de la Guardia Civil Jucil, el TSJC ha emitido esta mañana un auto, según el cual estima las medidas cautelares solicitadas por los sindicatos policiales e insta al Departamento de Salud de la Generalitat a que modifique el plan de vacunación del personal esencial para incluir a los agentes de los cuerpos estatales que sirven en Cataluña.

Así, el Tribunal da un plazo de 10 días para que se llegue a la proporción de vacunación de agentes de CNP y Guardia Civil con el resto de cuerpos de seguridad que sí han sido vacunados (Mossos d'Esquadra y Guardias Urbanas) y solicita un informe al Departamento de Salud sobre el grado de cumplimiento. «Sin excusa alguna», afirma la sala de lo contencioso administrativo del TSJV, la Generalitat debe «garantizar de inmediato y sin dilaciones» la vacunación, contra la covid de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Cataluña. «En un plazo máximo de diez días la vacunación del colectivo aludido deberá haber alcanzado la misma proporción que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra», señala el auto. En el caso de la Policía catalana, según el auto judicial, el porcentaje llega al 80% a 20 de abril y el 71% en los agentes municipales. Y dos días después, «Salud deberá informar a este Tribunal del estado de ejecución de la medida cautelar», señala la resolución judicial. El número de policías del CNP y de la Guardia Civil vacunados en Cataluña apenas se sitúa en el 9%, según las cifras incluidas en la resolución judicial.

«No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad que están en activo, puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población», afirma el auto. «Podemos apreciar -sin prejuzgar lo que se resuelva mediante sentencia- una apariencia de discriminación en perjuicio de los funcionarios del CNP y de la Guardia Civil», afirman los magistrados.

El TSJC ha notificado personalmente el auto a la consejera de Salud, Alba Vergés, con la advertencia de que en un plazo máximo de cinco días deberá comunicarse al tribunal el cargo y datos de identificación de la autoridad responsable del cumplimiento de la presente resolución judicial. «Transcurrido ese plazo, y de no haberse procedido a esa comunicación, el Tribunal considerará que la autoridad responsable es la persona titular de la Consejería», remata el auto. En sus alegaciones, el Departamento de Salud argumentó que ya está vacunando a policías nacionales y guardias civiles de entre 60 y 65 años y que a su juicio no existe «trato discriminatorio», como denunciaban los sindicatos policiales.