El juez condena a Sámano y Mioño a devolver la ayuda del canon del agua

El juez condena a Sámano y Mioño a devolver la ayuda del canon del agua

La Junta Vecinal samaniega tendrá que reintegrar al Ayuntamiento de Castro 1,2 millones y la que preside Susana Herrán, 782.441 euros

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santander ha condenado a las Juntas Vecinales de Sámano y Mioño a la devolución íntegra de la subvención que recibieron por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales procedente del canon del agua. Esto supone que Sámano deberá reintegrar al Consistorio castreño 1,2 millones de euros, mientras que a Mioño le corresponde entregar 782.441 euros.

Estas dos sentencias, a las que ha tenido acceso este periódico, salen a la luz una semana después de que lo hiciera otra del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santander en la que se condenaba a la Junta Vecinal de Ontón a la devolución de 166.415 euros (lo que reclamaba el Ayuntamiento era 310.693 euros con intereses incluidos) correspondientes a los gastos que dicha Junta Vecinal no pudo justificar.

Según señala la magistrada Ana Rosa Araujo en ambas sentencias, la resolución recurrida por Sámano y Mioño desestimaba las alegaciones que ambas habían presentado y ordenaba el reintegro de la subvención satisfecha en virtud del convenio regulador formalizado en 2008 entre el Ayuntamiento y cada pedanía, «por incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo señalado el empleo dado a la subvención».

«Si al final tenemos que reintegrar ese dinero, pediremos que nos devuelvan las instalaciones del agua»

Frente a dicha resolución, tanto Sámano como Mioño, cuyos intereses son defendidos por el mismo abogado, pretendían la nulidad o anulabilidad de dicho acuerdo al entender que «el convenio es ilegal, que ha prescrito el plazo para iniciar el expediente de reintegro, que ha caducado el plazo para tramitarlo, que no existe requerimiento previo al reintegro y concesión de plazo para subvención, que se ha cumplido y justificado la subvención, y que se han vulnerado los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad, además de haber un enriquecimiento injusto de la demandada, es decir, el Ayuntamiento».

La titular del Juzgado de lo Contencioso Número 3 desmonta una por una las consideraciones de ambas pedanías. En primer lugar, rechaza de plano la invocada ilegalidad del convenio. Asimismo, rechaza una posible prescripción y señala que tampoco se ha producido una caducidad del procedimiento. «Tampoco concurre una infracción procedimental».

En el caso de Sámano, la magistrada Araujo señala que, «aún admitiendo algunas de las facturas en fotocopia, lo cierto es que sobre la mayoría de las mismas concurren otras faltas que dan lugar a ser rechazadas y que unidas a las anteriores determinan la obligación de reintegro por dicha falta de justificación». «Se dan por justificados 281.235 euros, ascendiendo la subvención percibida a 913.266 euros, no aproximándose por tanto al cumplimiento total y sin que se acredite por la recurrente una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos».

En el caso de Mioño, la magistrada utiliza el mismo argumento para condenar a la devolución de la subvención al completo, pese a que da por justificados 168.498 euros, ascendiendo la ayuda percibida a 584.492 euros. Asimismo, la Sala rechaza que se haya producido un enriquecimiento injusto a favor del Ayuntamiento.

Reacciones

El pedáneo de Sámano, José Mari Liendo (PP), aseguró ayer, tras conocer por este periódico el fallo del Juzgado, que tendrán que estudiarlo y decidir si se recurre. «En caso que tengamos que pagar, habrá que solicitar al Ayuntamiento que no devuelva las instalaciones del agua».

Liendo lamentó que todos los avances económicos llevados a cabo en los últimos años dentro de la pedanía «se verían perdidos si tenemos que devolver ese dinero».

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