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Abel Verano
Los vecinos del Tenis iniciarán acciones penales contra quienes «pongan en riesgo el edificio»

Los vecinos del Tenis iniciarán acciones penales contra quienes «pongan en riesgo el edificio»

La Comunidad de Propietarios advierte de la responsabilidad en que podrían incurrir los ediles si aprueban hoy en Pleno el proyecto de demolición

Abel Verano

Castro Urdiales

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Miércoles, 11 de abril 2018

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La Junta de Propietarios del Edificio Tenis de Laredo anunció ayer que promoverá acciones penales contra todo aquel que «con su firma u actuación haya tenido influencia, dado respaldo y pueda haber participado en la demolición parcial del inmueble, sin garantizar la seguridad para las personas y cosas no afectadas por el fallo judicial», a pesar de la sentencia firme de 16 de noviembre de 1992 y al auto firme para su ejecución de fecha 20 de enero de 1999, que ordena al promotor y a los propietarios la demolición de los vuelos o terrazas de la edificación, así como de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45º.

En una nota de prensa remitida a este periódico, el presidente de la Comunidad de Vecinos, Josu Beaskoetxea, asegura que esta advertencia se produce con motivo del pleno extraordinario que se celebra hoy (09.00 horas) para aprobar el proyecto de derribo, «porque se tiene la sensación de que el equipo de gobierno no ha explicado al resto de grupos municipales y concejales la realidad de lo que ocurre y la responsabilidad en la que podrían incurrir si adoptan el acuerdo y algo sale mal sabiendo los antecedentes de riesgo».

En su escrito, Beaskoetxea recuerda que en su momento solicitaron la inejecución de la sentencia por causas técnicas, «ya que esta actuación podría dañar al resto del edificio que en absoluto estaba afectado por la sentencia». En este sentido, el presidente de la Comunidad de Propietarios afirma que en 2008, el Ayuntamiento de Laredo encarga un primer proyecto de derribo a la empresa Pentia, «que entre sus conclusiones apunta a la inseguridad de la ejecución material del derribo parcial, manifestando que la disposición de la estructura y los datos disponibles no son fiables en su totalidad». Y es que, según señalan los vecinos, no se dispone o aparecen los planos necesarios del edificio. «Lo vuelve a decir Pentia en documento dirigido al Ayuntamiento: Los planos facilitados en su momento por el Ayuntamiento no corresponden con la realidad física del inmueble».

«Si el constructor o el Ayuntamiento hubieran cumplido con su deber, nosotros no hubiéramos sido compradores»

Por otro lado, la Comunidad de Propietarios hace referencia a las «inquietantes conclusiones» del perito judicial designado en este caso, que también señala que «no existen planos que describan fidedignamente lo ejecutado en la estructura del edificio». Además, los vecinos hacen referencia al último informe que presentaron a la Sala de un despacho de arquitectura, que sostiene que si se ejecuta el derribo parcial «se van a producir redistribuciones de cargas con deformaciones estructurales asociadas que irremediablemente generarán fisuras y grietas en la mayoría de los elementos relacionados», y, con respecto a las viviendas bajocubierta, «afectaría notablemente a la habitabilidad».

La Comunidad de Propietarios cuestiona que, a pesar de estos informes técnicos advirtiendo del riesgo de demolición, «el Ayuntamiento los obvia y se decanta por el informe de Dynamis (que concluye que la obra se puede ejecutar), y hoy votará a favor del proyecto de derribo parcial». «¿Con qué proyecto, si no existe? El Ayuntamiento está obligado a cumplir con las resoluciones judiciales, pero con todas, sobre todo las que en dos autos condicionan y obligan a realizar la demolición parcial sin riesgo para las personas y cosas, y aquí si están nuestras viviendas legales».

Es por esto por lo que los vecinos piden al Ayuntamiento que escuche al redactor del proyecto y al perito judicial. «No tenemos por qué defender las irregularidades cometidas por el constructor, ni por el Ayuntamiento en su vigilancia y permisos. Con que cualquiera de los dos (constructor o Ayuntamiento) hubiera cumplido con su deber, nosotros no hubiéramos sido compradores y no estaríamos inmersos en esta batalla de la que ya estamos notablemente perjudicados».

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