El equipo de gobierno de Laredo da un paso más para derribar el Edificio Tenis

La Comisión Informativa de Obras dictaminó este viernes favorablemente el documento con los votos del PSOE, PP y PRC, ya que Sí Se Puede Laredo se abstuvo, e Izquierda Unida, que no estaba presente en el momento de la votación, hará lo propio, según señaló su portavoz Alejandro Abad.

Hay que recordar que el pasado mes de 2 de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria emitió un auto en el que concedía al Ayuntamiento pejino un plazo de dos meses para el inicio de las obras de demolición parcial del Edificio Tenis de acuerdo a la sentencia firme de 16 de noviembre de 1992 y el auto firme para su ejecución de fecha 20 de enero de 1999.

En dicha resolución, la Sala advertía al equipo de gobierno socialista de que «la dilación de las actuaciones supondrá la imposición automática de una nueva multa de 150 euros para cada uno de los responsables, y que se libre el testimonio antes referido, a los efectos de que el juez de guardia instruya las diligencias oportunas».

Esta advertencia del TSJC provocó que la secretaria general del PSOE pejino y concejala de Festejos, Charo Losa, apoyada por la dirección regional del partido, solicitara al alcalde Juan Ramón López Visitación, la «aprobación inmediata y urgente» de cuantas medidas y disposiciones sean necesarias para dar cumplimiento a la orden de ejecución de derribo parcial del edificio, dejando claro que se desmarcaba de la línea seguida hasta el momento por regidor pejino en este asunto.

La respuesta del alcalde fue que «Losa pone en grave riesgo la estabilidad y la credibilidad del PSOE de Laredo», al tiempo que recordaba a su compañera en el equipo de gobierno que él está cumpliendo «a conciencia y de forma meticulosa y exquisita» todos los pasos previos a la ejecución de la sentencia del Tenis «por su riguroso orden para proteger a la vez los intereses del Ayuntamiento, de la Corporación y del equipo de gobierno». «He hecho lo que ningún otro alcalde hizo desde 1999», apostilló.

Al tiempo que el alcalde de Laredo realizó estas manifestaciones a través de los medios de comunicación, el Ayuntamiento pejino recurrió el auto en el que se le concedía dos meses para el inicio de las obras de demolición. «Tan solo pedimos que no se nos juzgue de antemano como culpables por una interpretación de un auto que no comprendíamos después de seis años de incidente previo. Queremos y debemos ejecutar la sentencia con todas las garantías legales y de seguridad precisas, también para los afectados y para ello necesitamos fluidez en la relación con la Sala, comprensión en la complejidad de las tareas y obligaciones a desarrollar y en los errores involuntarios que nadie está libre de cometer, así como proporcionalidad y ponderación en la determinación de los plazos y colaboración y apoyo de esta Sala».

En un recurso de 59 páginas, el Gobierno pejino, que reclama a la Sala un «plazo flexible», insistía en que «no ha existido ninguna demora injustificada por parte del Ayuntamiento en la ejecución de las resoluciones judiciales sobre el derribo parcial del edificio que motive una reducción de los plazos aprobados, ni ninguna medida coercitiva».

Este viernes, la concejala de Obras y Urbanismo, Rosalina López (PSOE), aseguró que durante la comisión en la que se dictaminó favorablemente el proyecto «no de derribo, si no de remodelación», según matizó, surgieron una par de dudas de carácter administrativo, que tenían que ver sobre si el Pleno era el competente para aprobar el proyecto y la posterior licitación, a lo que el secretario municipal responde afirmativamente, fundamentalmente porque el presupuesto de la obra asciende a 3,3 millones de euros, aproximadamente, más del 10% del presupuesto municipal.

Según detalló López, una vez que se apruebe el proyecto en el pleno del próximo miércoles, «tendremos que consignar la cantidad necesaria para acometer la actuación, aunque ya está incluida en el Presupuesto en el capítulo de Obras con cargo a particulares». Posteriormente, se el momento de sacar a concurso la obra. «Se van a utilizar todos los mecanismos legales para que los plazos se reduzcan lo máximo posible, siempre dentro de la legalidad. Los plazos que fijaron los técnicos en el cronograma que se entregó al Juzgado no son un capricho nuestro».