Cantabria ya tiene su Plan del Lobo tras cuatro años de vaivenes

«Habrá que ver si realmente es efectivo, ojalá. Al menos ahora hablamos de una especie cinegética», sostiene resignado el secretario general del sindicato agrario UGAM COAG, Gaspar Anabitarte. Son diferentes asuntos los que preocupan al colectivo, y no todos están sobre el papel. «Han pasado nada menos que cuatro años desde el anterior plan. En ese tiempo ha aumentado la población de manera escandalosa, hasta convertirse en una verdadera plaga», denuncia.

Anabitarte enumera un mínimo de quince manadas repartidas por la región, y desconfía del método de la Consejería para mantener esas cifras. A su juicio, «el planteamiento de que los cazadores son los que tienen que realizar esa labor no es creíble». Y añade: «La caza es un deporte que practica mucha gente, y nosotros la apoyamos, pero no puede ser un sistema de gestión de la población del lobo».

Igualmente, Anabitarte se detiene ante otro de los puntos destacados del programa: la asunción por parte de la Administración de todos los daños que el depredador pueda causar en cualquier lugar de Cantabria. No le convence. Tal y como denuncia, «el problema no se encuentra realmente ahí porque los daños van más allá de la muerte del ganado». Se refiere a «infinidad de inversiones y gastos en el negocio que terminan sirviendo para nada».

Al otro lado de la mesa, todos estos años han estado los colectivos animalistas y ecologistas, y uno de los más movilizados en esta materia ha sido Ecologistas en Acción, que representa Floren Enríquez. «La consideración del animal como especie cinegética ha sido un paso atrás muy importante», lamenta el portavoz, antes de señalar «el incumplimiento» de la normativa europea -el Convenio de Berna- que significa este «error», al ser considerada una especie protegida en las instancias comunitarias. Por esta razón, la entidad ya presentó un recurso a la Ley de Caza.

«También estamos en contra de los controles de población que se establecen», continúa. A su juicio, este tipo de recursos revelan la carencia de medidas concretas para la protección de la ganadería extensiva. De nuevo, la organización presentó otro recurso antes de la aprobación del Plan de Gestión por el impacto que ha tenido esta práctica en los últimos años. «Plantean propuestas pero esta claro que si no hay un presupuesto concreto no hay nada que hacer. Sucede lo mismo con la investigación científica de la especie», lamenta Enríquez.

La Consejería de Medio Rural recibió hasta 26 alegaciones por parte de organizaciones ecologistas, ganaderas, agrarias, ayuntamientos y de distintos ámbitos de la sociedad antes de publicar el Plan de Gestión. En primer lugar, los colectivos conservacionistas exigieron la retirada del proyecto por vulnerar las leyes de la Comunidad Europea, una queja que el departamento desestimó y respondió afirmando que «la explotación de la especie está permitida siempre que sus poblaciones se mantengan fuera de peligro, como es el caso que nos ocupa».

Otra de los puntos destacados es fruto precisamente de las alegaciones. Medio Rural terminó eliminando la idea de fomentar el turismo ligado al lobo, después de que diferentes organizaciones consideraran «inapropiada, y hasta ofensiva» la promoción de una especie que provoca daños significativos en dicha actividad como reclamo turístico o como seña de identidad de las actividades del sector primario.