El Gobierno regional pacta con la defensa de Higuera para evitar que entre en la cárcel

La decisión del Gobierno de Cantabria la ratificó el pasado 27 de marzo por «unanimidad» el Consejo de Administración de Cantur, que fue precisamente quien inició el proceso judicial la pasada legislatura cuando ocupaba el Gobierno el Partido Popular. No obstante, la empresa pública, que volvió a manos del PRC en mayo de 2015, rompe con la política impulsada por los 'populares' y evita hacer sangre con el que fue alto cargo de Turismo en la etapa de Javier López Marcano al considerar «excesiva» la pena de prisión.

Este acuerdo, que cuenta con un informe favorable de la asesoría jurídica de Cantur, está supeditado a que Higuera reconozca su culpabilidad, devuelva todo el dinero que gastó irregularmente -18.447 euros en combustible, 43.009 euros en comidas sin relación de comensales, 3.723 euros en gastos particulares, 8.173 euros en gastos sin justificantes y 31.557 euros en restaurantes en fines de semana o días festivos- y asuma las costas de todos los procedimientos judiciales -el penal y el del Tribunal de Cuentas- o, en su defecto, ponga una garantía de pago.

En su escrito de conclusiones, el fiscal solicitó siete años de prisión y veinte de inhabilitación, una pena atenuada ya por las dilaciones indebidas (retrasos) del proceso. Ante esta elevada petición, la defensa de Higuera inició conversaciones tanto con la acusación pública como con Cantur para conseguir una reducción de la condena que frenara su ingreso en prisión. El primer acuerdo se alcanzó con la empresa pública, cuyo Consejo de Administración dio su conformidad a rebajar a dos años la petición de condena, con la condición de que devuelva el dinero sustraído. Cantur argumenta su decisión en que el retraso de siete años entre el inicio del proceso judicial y el enjuiciamiento de los hechos opera en favor del exdirector como una circunstancia atenuante de su responsabilidad penal, a la que se sumaría el pago íntegro de la responsabilidad civil que asciende a 132.535 euros, más los intereses.

Con este acuerdo en sus manos, la letrada de Higuera ha negociado con la Fiscalía una sentencia de conformidad. De este modo, el acusado comparecerá en juicio para reconocer los hechos, un mero trámite en el que no será necesaria la intervención de testigos ni peritos judiciales.

Aunque Higuera logre salvarse de las rejas en este procedimiento, todavía tienependiente el juicio por el caso 'Conurca', acusado de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en varios contratos de Cantur hacia Conurca para evitar la publicidad.

Ese quebranto del dinero público salió a la luz en la pasada legislatura, cuando el Gobierno del PP decidió entrar a saco en las cuentas de la sociedad pública y abrió una comisión de investigación en el Parlamento regional, cuyas conclusiones terminaron en los juzgados de Santander con distinta suerte.

Junto a la vía penal, Cantur llevó la gestión del alto cargo al Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador condenó a Higuera a devolver 48.024 euros, que es la cantidad que se gastó en beneficio propio con cargo a las arcas de la entidad desde agosto de 2006 hasta su cese como director general en el mismo mes de 2011. Aunque la suma total reclamada por Cantur ascendía a 90.000 euros, el Tribunal de Cuentas declaró prescrita la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los gastos anteriores a esa fecha.

Higuera ya abonó el pasado 27 de diciembre 19.458 euros en Cantur y tiene embargada una vivienda en Valladolid y pendiente de ejecución. De materializarse el acuerdo, a Higuera sólo le quedarán de pagar 113.076 euros, según se desprende del acuerdo aprobado por los ocho miembros del Consejo de Administración: el consejero de Turismo, Francisco Martín; la directora general del ramo, Eva Bartolomé, que trabajó codo con codo con el acusado durante en la legislatura 2003-2007; el director general de Industria, Raúl Pelayo; la secretaria general, Mónica Berrazueta; el alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio; el de Marina de Cudeyo, Severiano Ballesteros; el de Villaescusa, Constantino Fernández, todos vinculados al PRC; y el presidente de la Mancomunidad de Liébana, Julio Cires (PSOE).

Pese a que el presidente Revilla se muestra muy beligerante contra la corrupción y pide contundencia para quien comete un delito, el pacto entre Cantur y la defensa tiene un precedente en el bipartito PRC-PSOE. La dirección de Sodercán, adscrita a la Vicepresidencia, ya trató de llegar a un acuerdo similar con el ex director general de la sociedad pública, Jesús de las Cuevas, pese a que sustrajo de sus cuentas 667.370 euros. Una operación que fue frustrada por el comité de empresa, que también ejercía de acusación, y quiso que recayera sobre él todo el peso de la ley. El Gobierno también cambió el abogado en el 'caso Racing', el proceso judicial en el que se dirimían las supuestas responsabilidades penales de los exconsejeros Francisco Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE) en la operación de compraventa del club al magnate indio Alí Syed, y fue retirando a las empresas públicas del proceso.