El olor del dinero

La alcaldesa ha resuelto el contrato con Ascán y mediante una fórmula excepcional prevista para afrontar catástrofes o para atender las necesidades de la defensa nacional, ha adjudicado a dedo el servicio a una nueva empresa, Cespa. Lo ha hecho sin formar expediente de contratación, por tiempo indefinido y a cambio de 16,5 millones de euros anuales, que es más o menos lo que venía percibiendo el anterior concesionario.

Ha invocado para ello un «riesgo grave» para la salud pública relacionado con el covid-19, pero sin el informe de las autoridades sanitarias y ahora que precisamente se han relajado parte de sus medidas como consecuencia del descenso de los indicadores epidemiológicos. Se ha olvidado también de que, incluso en las fases más duras de la pandemia, las normas que contenían las medidas más urgentes para responder al impacto económico del covid-19, solo permitían la adjudicación mediante esa fórmula de aquellos contratos destinados a atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a aquella.

La resolución de la alcaldía parece en realidad un simple «atajo» para quitarse de en medio al actual concesionario, pese a que ley le obligaba a continuar desarrollando el servicio hasta comenzar la ejecución de un nuevo contrato.

Por eso tampoco se entiende que, existiendo desde hace meses la intención de dar por terminada la relación con Ascán, el ayuntamiento no esté aún en condiciones de sacar a concurso ese nuevo contrato de manera inmediata, en libre concurrencia y limitando así el periodo de transitoriedad.

Los tribunales tendrán la última palabra, pero es importante anotar que la ineficiente gestión en limpieza, que incluye ahora la forma tan abrupta de terminar con el contrato, ha hecho que nos encontremos en el peor de los escenarios posibles, el de la abierta confrontación con el concesionario, soportando unas calles sucias y con un nulo mantenimiento. Por eso es tan importante la comisión de investigación pedida por todos los grupos municipales, excepto por el popular que la impide al no iniciar la reforma del reglamento en la Junta de Gobierno local, órgano que tiene copado con sus propios concejales y los de su socio de Gobierno.

Solo en la comisión será posible averiguar si, junto a los incumplimientos del contratista, existen más causas que hayan podido influir en el actual deterioro del servicio, como la reducción de costes prevista en los pliegos de condiciones, de la que tanto se ha venido quejando aquel y que, según afirma, es la razón que impide mantener los estándares de limpieza del pasado.

Pero en el Ayuntamiento de Santander existe un importante déficit democrático, con muy poco espacio para la oposición como residuo de pasadas mayorías absolutas, algo de lo que tomó buena nota el actual responsable de Urbanismo, que vino a regenerar y que con una única mesa reservada a políticos entre las llamadas mesas vecinales que nos trajo la participación ciudadana, fue el preludio del auténtico esperpento ante el que nos hallamos con el nombramiento, también a dedo, de un jurado internacional que no conoce Santander y, sin embargo, decidirá el equipo redactor del nuevo modelo de ciudad a espaldas de los demás concejales.

Por eso tampoco sorprende que en la Comisión de Desarrollo Sostenible, convocada de urgencia el pasado día 5 de noviembre para ofrecer información sobre el contrato de basuras, no fuese posible votar una moción presentada por Vox el día anterior que consideraba injustificada la tramitación de emergencia para elegir el nuevo concesionario y pedía dejar sin efecto su nombramiento.

En el próximo Pleno, que se llevará a cabo a finales de este mes de noviembre, la alcaldesa deberá dar cuenta de su arriesgada decisión -que tampoco se podrá votar-, aunque el resultado definitivo se hará esperar todavía unos meses. Hasta que no llegue ese día muchos seguirán con la nariz tapada.