El Gobierno subasta Quinta Labat en 3,3 millones por el interés de dos empresas

El arquitecto Casimiro Pérez de la Riva lo diseñó en 1895 como vivienda, y el propio Gobierno regional destinó 100 millones de pesetas casi un siglo después para reformarlo y convertirlo en la residencia oficial del presidente cántabro. Pero a Juan Hormaechea nunca le gustó la idea y a Jaime Blanco no le dio tiempo a mudarse. Después de un tiempo utilizado por la Consejería de Industria, se quedó vacío y sin uso.

El mayor problema que ha tenido hasta ahora el Gobierno para colocar el inmueble ha sido la calificación de su suelo. El edificio figura como equipamiento público en el Plan General de la capital, lo que limita mucho la actividad que puede albergar. Puede destinarse a un uso social, cultural, sanitario o administrativo, pero no puede venderse ni alquilarse para abrir allí un hotel o residencias particulares. Esto ha provocado un choque entre Ayuntamiento y Gobierno por las diferencias de criterio de uno y otro. La Consejería de Economía siempre ha sido partidaria de recalificar el terreno para que los inversores privados se sientan atraídos por las posibilidades de esa zona. Pero lejos de ese interés por sacarle el máximo rendimiento económico, la filosofía del Ayuntamiento de Santander defiende la conservación pública de este equipamiento. «No estamos a favor de que los ciudadanos pierdan equipamientos. Ese es nuestro criterio. Queremos que Quinta Labat preste un servicio a la ciudad», señalaron desde el Consistorio en su momento.

Este problema también desaparecerá, según fuentes del Gobierno, ya que las dos empresas interesadas en comprar el Palacete le darán un uso recogido en el Plan General. Es decir, no será ni un hotel ni tendrá un destino turístico.

La llegada de estas dos empresas no solo ha librado al Gobierno de una pelea con el Ayuntamiento por el cambio de uso del suelo, también le ha ahorrado un farragoso camino burocrático que, además, no le aseguraba el éxito. En primer lugar, debía justificar una modificación de esa envergadura del Plan General y «no es fácil justificar ese uso lucrativo», señalaron desde el Consistorio. En la lista de inconvenientes debería añadir que ni tiene ascensor ni se le puede instalar. No cabe por el hueco de la escalera y para colocarlo habría que destrozar el diseño original del edificio, cuya fachada está protegida.

La Ley del Suelo impone, además, unas condiciones para el uso residencial que no siempre se pueden resolver en la misma parcela, como las dotaciones para espacios libres o la cesión del 10% de edificabilidad. La parcela actual mide 4.884 metros cuadrados, según el Registro de la Propiedad, y al fondo de la finca, junto a La Fuente de Cacho, hay una superficie plana, sin jardines, con suelo de cemento, en la que el Gobierno imagina otro edificio de viviendas.

Incluso si hubiese conseguido superar todos estos obstáculos, la modificación del Plan General tendría que aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento. Y ahí se hubiera encontrado con el voto en contra del PP, convencido de que el edificio, aunque ahora no se use para nada, tiene posibilidades reales de aportar algo a la ciudad. Es cierto, explicaron, que el equipamiento actual permite «muy poco», pero sí habría «margen» para elegir el área de actividad: sanitario, administrativo, cultural, social... Pero nunca hotelero ni residencial.

Según un informe del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Cantabria, sólo el trámite de reforma del PGOU hubiese llevado como mínimo 15 meses. Sin contar, después, las aprobaciones en el Consejo de Gobierno y en el Ayuntamiento de Santander. Eso sí, una vez superado el escollo urbanístico, la Consejería de Economía hubiera podido subastar de nuevo este inmueble con un valor mucho mayor del actual, ya que está ubicado en una situación estratégica y un cambio de uso del terreno sería un importante reclamo para sectores como el turismo o el inmobiliario. Pero esta casuística ya no será una realidad.

El Ejecutivo cántabro tiene aún el reto de desprenderse de otros dos edificios vacíos con un valor millonario: el palacete de la calle Sol (1,5 millones) y la antigua escuela de música en Menéndez Pelayo (657.000 euros).