El Gobierno recalificará la sede del Pctcan de Torrelavega para despejar su encaje en el campus
El futuro edificio, tras recibir un informe desfavorable de la Dirección General de Urbanismo, será conceptuado como equipamiento educativo
El Gobierno de Cantabria despeja el horizonte urbanístico de la futura sede del Parque Tecnológico y Científico de Cantabria (Pctcan). Tras tropezar en la tramitación y recibir un informe desfavorable por parte de la Dirección General de Urbanismo, este nuevo edificio de oficinas y destinado al fomento del tejido empresarial y la transferencia de conocimiento será calificado como un equipamiento educativo, adecuando así su viabilidad y construcción en el campus universitario. De ser así, salvado este escollo administrativo a través de una modificación de la Ley del Suelo a través de la Ley de Acompañamiento, los planes de la Consejería de Industria pasan por licitar la redacción y después la construcción del proyecto el año que viene, tal y como avanzó el consejero titular del área, Eduardo Arasti, hace un par de semanas. La inversión estimada solo en la ejecución de la obra es de 11 millones de euros.
La solución urbanística la ha anunciado este miércoles la presidenta María José Sáenz de Buruaga, durante su intervención en el Foro Económico que organiza El Diario Montañés. Aquí, a la hora de hablar de los retos en materia de industria, la jefa del Ejecutivo no ha tardado mucho en pronunciarse sobre la nueva sede del Pctcan en Torrelavega, una inversión impulsada en la anterior legislatura y que continúa en los planes del Gobierno. Buruaga ha sido clara: «Los usos en los campus universitarios destinados a fomentar el tejido empresarial y la transferencia de conocimiento y tecnología tendrán la consideración de equipamiento educativo. Ya tiene despejado el horizonte gracias a esa solución específica que hemos incorporado». Esta solución, una modificación de la Ley del Suelo tramitada a través de la Ley de Acompañamiento, promete desbloquear no solo la ejecución de esta inversión en la capital del Besaya, sino también varias otras infraestructuras repartidas por la comunidad autónoma.
«Seguimos eliminando obstáculos, alineando la normativa urbanística con lo que dicta el sentido común: las políticas de innovación y transferencia, que es algo a donde tenemos que dirigir nuestro modelo de crecimiento», ha zanjado la presidenta. Desde el público, el alcalde de la ciudad coincide en ese «sentido común»; de hecho, Javier López Estrada ya garantizó hace un par de semanas el encaje urbanístico de este nuevo edificio, asegurando que «no es un edificio de oficinas privado, sino uno que servirá para la transmisión de conocimiento entre la universidad y la empresa». La solución anunciada ayer viene a dar encaje a esa definición y también da respuesta a la apelación que hizo el alcalde para «definir claramente» este nuevo equipamiento.
Siendo así, este miércoles, el regidor ha celebrado la propuesta y ha reivindicado este proyecto anunciado hace ya tres años desde la Consejería de Industria del anterior gobierno (PRC-PSOE): «Estamos abiertos a cualquier solución que ponga sentido común a esta situación. Torrelavega merece ese nuevo equipamiento que fomente nuestro tejido económico y la parcela propuesta es la mejor para vincular a la universidad y el nuevo espacio tecnológico de Las Excavadas».
Las dudas sobre el encaje de la sede del Pctcan surgieron a comienzos de 2025 -fecha del famoso informe desfavorable de Urbanismo-, pero no fueron de dominio público hasta que el exconcejal José Otto Oyarbide las reveló en una rueda de prensa hace unas semanas. En resumen, dicho escrito cuestiona de manera directa la adaptación necesaria del planeamiento urbanístico de los terrenos afectados mediante un modificado del Plan Especial del campus. Y este queda en entredicho sobre todo desde que se cruza con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que también habría que modificar. «Teniendo en cuenta que el nuevo PGOU ya ha sido aprobado provisionalmente por el pleno, no se considera suficientemente justificada la necesidad y urgencia de la modificación puntual», reza el informe.
