El TC tumba la ley cántabra que aprobó la prohibición del fracking

El Tribunal Constitucional tumbó ayer la ley del Gobierno cántabro que prohibió el empleo de técnicas de fractura hidráulica, fracking, en el territorio de la comunidad para extraer gas, tal y como informa este miércoles EL DIARIO MONTAÑÉS. El TC estimó el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno presidido por Mariano Rajoy contra la ley aprobada en Cantabria. La norma autonómica invadió competencias estatales, según se apunta ahora desde el Tribunal Constitucional, cuyo pleno acordó ayer estimar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Nación contra la Ley de Cantabria 1/13, que en abril del pasado año estableció en el territorio de la comunidad autónoma la prohibición de la técnica de fractura hidráulica fracking para la investigación y extracción de gas no convencional.

Es la primera vez que el TC se pronuncia sobre el fracking en una sentencia que permitirá decidir sobre conflictos similares planteados en otras comunidades autónomas, caso de La Rioja y Navarra. El TC, que anula la ley autonómica por «invadir competencias estatales en materia de hidrocarburos», ha resuelto este asunto en solo cinco meses. La cronología señala el punto de partida en enero, cuando el Gobierno impugnó la ley cántabra el 27 de enero y el Constitucional admitió a trámite el recurso ya en febrero. De ese modo, la norma impugnada quedaba suspendida, aunque Cantabria pidió el levantamiento de la suspensión y al estudiar esa petición el TC vio factible resolver directamente, lo que se ha plasmado ayer con una ponencia del magistrado Andrés Ollero.

En el caso de Cantabria, el conflicto entre el Gobierno de Ignacio Diego y la Administración central, también del PP, ahora se inclina a favor del Ejecutivo de Rajoy.

Para el Tribunal, los proyectos de fracking deben someterse a una «previa declaración de impacto ambiental favorable», por lo que las competencias autonómicas pueden ejercerse «sin limitar» las estatales ante cada autorización específica. La ley cántabra anulada por el TC fue aprobada por los tres partidos con representación en el Parlamento autonómico.

Desde 2011, Cantabria acumula seis permisos de exploración de hidrocarburos con vistas a la extracción de gas mediante la técnica de fractura hidráulica, lo que ha generado una intensa polémica y contestación social. Cinco permisos fueron concedidos por Industria y uno por el anterior Gobierno autonómico, que presidía Miguel Ángel Revilla. La ley que impulsó Diego prohíbe el fracking con la tesis de que esta técnica «plantea en la actualidad interrogantes tanto desde el punto de vista de la salud como desde la perspectiva de la protección medioambiental, fundamentalmente por la posibilidad de que con la utilización de esta técnica pueda producirse contaminación en los acuíferos subterráneos dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes que resultan necesarios para su utilización».

El TC considera que a la Administración General del Estado otorga las autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecten al ámbito de más de una comunidad.

Para el Constitucional, las competencias autonómicas «no pueden ejercerse de forma que vacíen las del Estado», como sucede en este caso .

Críticas del ministro Soria

Ayer mismo el Gobierno regional, firme en su decisión de blindar Cantabria hasta tener la certeza de que el fracking no lesionará el paisaje ni el agua ni la salud de los cántabros, se conoció además que definitivamente no contará en su empeño con el respaldo del Gobierno de España, por más que el presidente, hace sólo unos días en Madrid, defendiera su postura ante Rajoy. Ayer, el ministro José Manuel Soria afeó la actitud de las comunidades autónomas que se oponen a la exploración de hidrocarburos no convencionales mediante la controvertida técnica. «Es absurdo no hacer prospecciones por si encontramos petróleo y tenemos un problema», dijo el ministro de Industria, Energía y Turismo a los medios de comunicación.

Soria recordó que hace un año el Gobierno modificó la Ley de Hidrocarburos para facilitar la exploración de recursos energéticos propios fundamentalmente de shale gas y lanzó un aviso a navegantes. «Aunque la concesión de permisos corresponde a lass comunidades autónomas, y muchas no solo han expresado su negativa a las prospecciones, sino que están legislando en contra, las normas autonómicas tienen que someterse a la legislación básica que aprobamos. Y lo mismo puede decirse de las prospecciones de petróleo».