El interventor detectó "irregularidades significativas" en las ayudas a Ecomasa

El interventor detectó "irregularidades significativas" en las ayudas a Ecomasa
  • La auditoría al ICAF entre 2010 y 2012 será clave en la comisión de investigación de Nestor Martin que comenzará en otoño en el Parlamento

Cuando Miguel Ángel Revilla recuperó el Gobierno autonómico, hace ya más de un año, la primera decisión importante a la que se enfrentó fue qué hacer con Nestor Martin (Ecomasa). Él y su gabinete se encontraron aquel verano con dos posibles escenarios: inyectar 1,5 millones de euros más para salvar temporalmente la fábrica o abandonarla a su suerte después de que el Ejecutivo del PP le hubiera destinado 18 millones de ayudas públicas. Y ganó la segunda. «Ahí ya no se puede poner más dinero porque han metido millones que han desaparecido. Probablemente se hará una comisión de investigación», dijo entonces el presidente cántabro, anticipando lo que ahora está ocurriendo en el Parlamento, donde los grupos estudian ya toda la documentación y preparan sus listas de comparecientes para las sesiones que comenzarán este otoño.

Uno de los documentos claves que manejan los partidos para averiguar lo ocurrido con Ecomasa es la auditoría que el Interventor del Gobierno hizo de la gestión del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) entre los años 2010 y 2012. El informe, al que ha tenido acceso este periódico, detecta «significativas irregularidades» en las ayudas que este organismo otorgó a diversas empresas privadas de la región durante el mandato del PP. Entre ellas, destaca de manera especial los «riesgos» en Ecomasa y Sonkyo.

El alto funcionario explica que la financiación y el aval público de ambas -10 millones a la primera, que luego fueron 18, y 4 a la segunda- se aprobaron sin ningún tipo de control. «No se ha evaluado si los proyectos presentados van a generar actividad productiva suficiente para soportar los costes de contrataciones indicados -88 empleados Ecomasa y 44 Sonkyo- y, a su vez, que no afecte a la solvencia y a su capacidad para devolver el préstamo que le ha sido concedido», destaca el interventor en el informe sobre el ICAF fechado en octubre de 2014. Es decir, el Gobierno sabe desde hace dos años de los reparos sobre la gestión de las ayudas a diversas empresas privadas de la región.

Las conclusiones de la auditoría pública coinciden en algunos puntos con la que el bipartito encargó a una firma privada en agosto del año pasado y en la que basó su decisión de llevarlo ante la Fiscalía al detectar un posible desvío de fondos. Una denuncia que llegó ya con la fábrica de estufas cerrada y en liquidación y con los trabajadores sin saber si podrán recuperar los 3,2 millones de euros que pusieron de su bolsillo para abrirla.

En el relato de hechos de la auditoría privada, elaborada por 'Ernst & Young', se revela que los dueños de Nestor Martin utilizaron gran parte del dinero público para ir construyendo su propio grupo empresarial, por lo que en realidad una buena parte de las ayudas otorgadas por ICAF y Sodercán (vía préstamos, avales y compra de acciones) no llegó al proyecto inicial de Maliaño, sino que habría servido para financiar la red societaria tejida.

Falta de análisis

El interventor, en el informe remitido en 2014 al Gobierno, llama la atención sobre la ausencia de exámenes exhaustivos de la viabilidad y los riesgos de los proyectos privados financiados dos años antes por el ICAF. «Ni existe un estudio que valore la situación comercial de las empresas ni tampoco son analizadas desde el punto de vista legal», se puede leer en el documento, que es mucho más contundente cuando se refiere a la financiación pública de Ecomasa, Sonkyo y Apia. «En ninguno de los casos queda justificada la viabilidad de los proyectos», señala. El funcionario es, incluso, más contundente en el caso de las dos últimas: «No existe soporte documental que justifique que la operación tiene carácter estratégico». En el préstamo de cuatro millones a Sonkyo se evidencian «debilidades» en el análisis de la solvencia del deudor, la ausencia de un estudio de viabilidad del proyecto, así como un justificante de ingresos y gastos recogidos en su plan financiero, la disposición de fondos del ICAF «sin previa verificación del destino de los mismos» y la proximidad entre el momento en el que se le otorgó la financiación y su declaración de concurso de acreedores.

Respecto a Inversiones Apia, que recibió 2,1 millones de euros, el interventor encuentra «significativa» la generalidad del proyecto, la ausencia de un informe que declare su carácter estratégico, la falta de soporte documental de un plan de viabilidad, así como el desembolso total de la ayuda «sin que se tenga constancia del destino concreto de la misma».

Tampoco se salva otro de los préstamos que más captó la atención del bipartito cuando recuperó el Gobierno en verano del año pasado. El consejero de Economía, Juan José Sota, se encontró un agujero de un millón de euros de un aval que el expresidente Ignacio Diego concedió a la película 'Cuervos', de la productora North Cinema. Un filme rodado en Medio Cudeyo que no se ha estrenado en ningún cine -estaba previsto que lo hiciera hace un año- ni apareció en el programa del pasado Festival de San Sebastián de 2015, donde la productora, con domicilio fiscal en Santander, esperaba presentarla.

El interventor destaca los «posibles riesgos», luego confirmados, de las dos operaciones que el ICAF hizo con esta productora, primero con un aval de 0,7 millones que luego fue ampliado en el año 2013. El Gobierno sólo puso como condiciones que la finca del Marqués de Valdecilla, de propiedad municipal, fuese el escenario principal de la película y que se hiciera un documental en éste y otros escenarios del filme, como La Arnía, Liencres y El Astillero. Trabajos de los que no se tiene conocimiento que se hayan realizado o entregado.

Pero 'Cuervos' no fue la única película de North Cinema respaldada por el anterior Ejecutivo del PP. En la página web del Instituto Cántabro de Finanzas todavía aparece como 'Proyecto de Interés Estratégico' el largometraje 'El hombre colgado', producido por la misma compañía en 2013 y que nunca llegó a rodarse.

Cambio de tendencia

El interventor observa un «cambio de tendencia» en el funcionamiento del ICAF. Hasta mediados de 2011, el tipo de proyectos que se financiaban eran mayoritariamente de empresas públicas, mientras que a partir de esa fecha, coincidiendo con el cambio de Gobierno, del PRC-PSOE al PP, el ICAF se orienta a ayudar a empresas privadas.

Esta evolución, explica el funcionario, se debe a «la situación de crisis económica, la inestabilidad de los mercados y la dificultad para el acceso al crédito bancario». Estas operaciones con firmas privadas, continúa, «preocupan más por el riesgo que suponen para el ICAF y, subsidiariamente, para el Gobierno de Cantabria».

La auditoría también revela importantes deficiencias en la gestión interna del Instituto de Finanzas de Cantabria en aquellos años, con falta de control, duplicidades y ausencia de reglamentos: «No tiene establecido un protocolo donde se defina la metodología concreta de análisis para la evaluación de los riesgos de los créditos; en ninguno de los informes se puede comprobar que el precio de las operaciones se ajuste a las condiciones de mercado; ni se establecen las condiciones para que una operación sea considerada estratégica para Cantabria».