"Santander y su PGOU son víctimas de la anulación del Bitrasvase"

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/ Javier Cotera

  • El alcalde en funciones, César Díaz, defiende que los motivos son ajenos al Consistorio y reprocha su actuación a los "oportunistas"

El alcalde en funciones, César Díaz, ha lamentado que la ciudad y su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) son "víctimas de un bitrasvase sobre lo que no tiene participación ni actuación" y que es una infraestructura hídrica que no estaba cuestionada en septiembre de 2012 cuando la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) aprobó definitivamente el planeamiento.

Díaz, que ha comparecido ante los medios de comunicación pocas horas después de que se conociese la sentencia del Tribunal Supremo en la que se 'tumba' el Plan, ha destacado que la "única razón" para la anulación del Plan es una "causa externa" al planeamiento, algo que los magistrados del Alto Tribunal dejan "perfectamente claro" y que echan abajo las consecuencias para su nulidad que "se habían estado barajando de forma interesada".

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"Se puede afirmar con rotundidad que la anulación del Plan General no se debe al Ayuntamiento de Santander, ni al equipo de Gobierno, ni tampoco al propio plan, si que se debe exclusivamente a una causa externa como es la anulación del bitrasvase del cual somos víctimas", ha afirmado Díaz, que ha recordado que la anulación de esa infraestructura hidráulica tuvo lugar en una sentencia posterior a la aprobación del PGOU (diciembre de 2013).

Por ello, ha defendido que el Plan de Urbanismo, en el momento de su aprobación, contaba con ese bitrasvase del Ebro "ejecutado y en funcionamiento desde dos años antes (2010)" y su proyecto, en el que en ningún caso tuvo intervención el Consistorio santanderino, aún no había sido anulado por el Tribunal Supremo. El proyecto del bitrasvase del Ebro fue aprobado en 2004 y modificado posteriormente en 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente, cuando ya la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria emitió el estudio de impacto ambiental. "Éste se anuló al considerar que no se había motivado mínimamente la evaluación ambiental adecuada en la relación con los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000", ha apuntado.

Frente a ello, ha destacado el proceso de elaboración del Plan General, que contó con los perceptivos informes sectoriales, hasta siete de la Administración General del Estado y el Gobierno de Cantabria, y en los que se acreditaba perfectamente la suficiencia de los recursos hídricos de la ciudad de Santander tanto en su momento actual como en sus previsiones de crecimiento en el futuro".

Precisamente, ha dicho que el Supremo no cuestiona el modelo urbanístico y territorial y la previsión de crecimiento poblacional (261.000 habitantes en 2024 y la necesidad de 35.316 nuevas viviendas), sino que "hace suya" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que defendió que el modelo estaba "motivado y justificado". De esta forma, ha reivindicado que los 13 magistrados que han evaluado el PGOU (10 en el Supremo y 3 en el TSJC) han "avalado de forma unánime la legalidad del modelo urbanístico y territorial recogido en el PGOU".

De hecho, citando la sentencia del tribunal cántabro, ha ensalzado que el modelo "no es arbitrario ni irracional pues se basó en necesidad de dar acogida un crecimiento poblacional similar al de los últimos 15 años, en el que no crece tanto la población pero sí los hogares unifamiliares y monoparentales que demandan viviendas". "Así, el modelo urbanístico y territorial lejos de ser el motivo de anulación del Plan, ha sido validado por los dos tribunales", que no han formulado al respecto "reparo de ninguna clase sino confirmando su validez", ha añadido el alcalde en funciones.

Críticas

Ante ello, Díaz ha considerado que ha quedado acreditado que "todos aquellos que han dicho que el Plan había sido anulado por ser especulativo, basado en un desarrollísmo insostenible y elaborado sobre datos y previsiones falaces, no han hecho otra cosa que especular con la verdad de manera irresponsable". Y es que, ha criticado, se han hecho "declaraciones oportunistas al buscar solo réditos políticos y sin un mínimo conocimiento de causa" porque, ha insistido, que el PGOU se aprobó tras un amplio proceso de participación pública con cuatro periodos de alegaciones y fue objeto de 19 informes sectoriales estatales y autonómicos con el informe favorable de todos ellos.

Un plan que ha recordado que se tardó más de siete años en tramitar. "Dudo mucho que exista otro plan general de una ciudad similar a Santander que tenga un balance parecido, ya que paso de más de 4.235 alegaciones en su primera información pública a algo más de 150 en la última, lo que demuestra consenso y respaldo", ha dicho.