El Gobierno regional movilizará vivienda vacía con incentivos y ayudas, pero sin topar precios
La Ley del PP, que ya está en el Parlamento, busca acabar con el miedo a los okupas para sacar al mercado parte de los 50.000 pisos sin ningún uso | Buruaga defiende un modelo opuesto al nacional, basado en la colaboración privada y que facilite el acceso a jóvenes y vulnerables
Cantabria, como el resto de gobiernos autonómicos, tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda. Aunque la Administración central puede fijar un marco legal general, ... son los territorios los que disponen, con el único límite del presupuestario, de las herramientas necesarias para atacar el que para muchas familias es su principal problema: el acceso a un piso. En los más de dos años de legislatura, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga había actuado principalmente en tres ámbitos. Desde un punto de vista fiscal, con la rebaja de impuestos y deducciones en el IRPF para quienes compren, arrendadores y arrendatarios. En el ámbito urbanístico, facilitando la construcción de casas unifamiliares en suelo rústico. Y con una visión a medio y largo plazo, con el impulso de nuevas promociones para sumar más pisos al parque público destinado al alquiler.
Sobre esto último, hay proyectadas ya 285 viviendas en una decena de municipios cántabros y la Consejería de Fomento busca más terrenos públicos –los ceden los ayuntamientos– para insistir en estas políticas. Lo que ocurre es que el problema de acceso a la vivienda en Cantabria, por sus dimensiones, no se soluciona con 285 viviendas nuevas cada cuatro años. Ni con un millar... Con esa premisa, el Gobierno de Cantabria ha elaborado una Ley de Vivienda que tiene como principal objetivo movilizar parte de los cerca de 50.000 pisos que hay vacíos para que puedan destinarse al alquiler. ¿Cómo? Con más incentivos y ayudas directas, pero no limitando los precios ni penalizando a quien no lo haga.
La fórmula consiste en que la administración, a través de la empresa pública Gesvicán, asuma los riesgos, firmando el contrato de arrendamiento y pagando a los propietarios todos los meses. Pagando a precio de mercado –no con el índice que el Ministerio considera justo, que es muy inferior– y cobrando del beneficiario un alquiler asequible, por lo que la diferencia correrá a cargo de las arcas públicas. Incluso está sobre la mesa posibilidad de que el Ejecutivo adelante mensualidades de la renta o contribuir al pago de suministros (luz, agua, comunidad...).
«Los propietarios de viviendas en Cantabria son pequeños ahorradores, no especuladores. No tienen que pedir perdón a nadie por ser propietarios. Queremos que se sientan seguros a la hora de poner sus viviendas en alquiler, porque cuanto más haya más bajarán los precios», explicó el consejero del área, Roberto Media, que dejó claro que la postura del PP nada tiene que ver con la «criminalización» que desprende, a su juicio, la política del PSOE.
Las principales medidas de la Ley de la Vivienda en Cantabria
| Movilizar vivienda vacíaCantabria estima que hay 50.000 pisos sin uso y se quiere eliminar el «miedo» a ponerlas en alquiler con incentivos fiscales y garantías públicas que hagan «atractiva»la salida al mercado. Gesvicán hará de intermediario, cobrará la renta mensual a precio asequible, pero pagará al dueño a precio de mercado, por lo que la diferencia saldrá de las arcas públicas. | Alquiler asequibleA través del parque público, que quiere aumentarse con un modelo de colaboración público-privada. La ley consagra este modelo que ya se está aplicando en Cantabria durante esta legislatura. |
| Nuevas promocionesNo solo se apuesta por el alquiler, también por la venta y por el alquiler con opción a compra. Se incrementan los topes de renta y se reserva un cupo de viviendas para personas que, sin ser vulnerables, no pueden acceder al mercado. | Lucha contra los okupas Se creará una Oficina de Apoyo a Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, entrará en funcionamiento un teléfono de asesoramiento y se habilitará a la Policía Local para actuar en caso de ‘okupaciones flagrantes’. Es decir, podrán intervenir en los episodios que se acaban de producir. |
| Fórmulas más innovadoras Se impulsarán modalidades de acceso alternativas como el ‘coliving’ y ‘cohousing’ (modelos residenciales comunitario con espacios comunes). | Profesionales básicos Aunque por renta no cumplan los requisitos para optar a una vivienda protegida o un alquiler asequible, podrán ser beneficiarios los profesionales básicos (sanitarios, farmacia, forestales...) destinados en zonas rurales. Con ello se busca que no renuncien a estos destinos por las dificultades para encontrar una vivienda en los pueblos. |
| Plan de Vivienda Rural Las viviendas rurales tendrán una regulación específica para fomentar el acceso mediante incentivos económicos, cesión de suelo, fiscalidad favorable y promoción de rehabilitación y regeneración de los núcleos rurales. | Avales públicos en hipotecas Serán de hasta el 20% del precio de la vivienda destinados a personas de hasta 45 años para facilitar el acceso a una hipoteca. |
| Registro único de Vivienda y SueloRegistro único de Vivienda y Suelo para «tener una visión global de quien demanda, cuántas viviendas protegidas existen y cuánto suelo está disponible en Cantabria para construir vivienda protegida». | Registro de Agentes Inmobiliarios Tendrá carácter voluntario y proporcionar transparencia y publicidad en el ejercicio de la actividad profesional y garantizar la calidad en la prestación de servicios a los consumidores. |
| Simplificación La figura de la declaración responsable se extenderá a todos los trámites de la norma, salvo excepciones. | Víctimas de catástrofes Podrán acceder a las viviendas de emergencia habitacional víctimas de incendios o catástrofes. Con la actual norma, no era posible porque una de las condiciones era no superar los umbrales de renta, lo que ha generado problemas al no existir herramientas legales para dar una respuesta adecuada a las familias que sufren estos episodios. |
Frente a las «políticas del miedo, del castigo fiscal o de la protección del okupa», la ley regional busca la movilización de vivienda por la vía de los incentivos y la generación de confianza. De ahí que otro de los puntos fuertes sea una batería de medidas contra la okupación. Incluirá una oficina de asesoramiento jurídico para los afectados, un teléfono de información, fórmulas legales para que la Policía Local pueda actuar cuando se produzca la okupación flagrante de una vivienda...
Durante la rueda de prensa en la que dio a conocer los detalles del proyecto de ley, que ya está en el Parlamento para su posterior tramitación, la presidenta Buruaga afirmó que se trata de una norma «integral en materia de vivienda que tiene como principal objetivo garantizar el derecho de los cántabros a acceder a una vivienda digna, especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad». Y busca hacerlo de todas las formas posibles y fomentando todas las modalidades posibles. No solo el alquiler, también el alquiler con opción a compra y la compra directa. Impulsando la colaboración público-privada, la opción que ya se ha utilizado para construir esas 285 nuevas viviendas del parque público.
El texto ha incorporado alguna de las alegaciones presentadas durante la fase de información pública y ahora puede volver a sufrir modificaciones con las aportaciones de los partidos del Parlamento, donde PRC y Vox ya han dicho que ven elementos positivos. «Espero de los grupos sensatez y ánimo constructivo. Que se alejen de ideologías contaminantes, que no nos llevan a ninguna parte», concluyó la presidenta.
97 solicitudes para acceder a las tres primeras viviendas de alquiler asequible en Orejo
El consejero Media inauguró durante el mes de julio en Orejo (Marina de Cudeyo) las tres primeras viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible de las 285 que el Ejecutivo popular impulsará en nueve municipios de Cantabria a lo largo de esta legislatura, y a las que se pueden sumar nuevas promociones en los próximos meses. Una semana después de la visita, Gesvicán abrió la inscripción para acceder a ellas a un precio de seis euros el metro cuadrado, es decir, oscilarán entre los 300 y los 420 euros, en función de su tamaño, con independencia de poder acogerse a otras ayudas al alquiler del Ejecutivo autonómico a las que tengan derecho. Una vez concluido este periodo, han sido 97 las solicitudes presentadas, lo que, a juicio de la Consejería, da idea del interés que hay entre la población en este tipo de iniciativas y de la necesidad de avanzar en estas políticas.
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